Sanidad suspende una clínica abortista de Madrid por 'graves irregularidades'

Los inspectores detectaron que el ginecólogo que firmaba los abortos no se correspondía con el que realmente los practicaba. El centro sanitario está situado en el número 41 de la calle de Zurbano.

Imagen de la fachada de la clínica abortista de Barcelona clausurada hace tiempo. EFE

Madrid. La Comunidad de Madrid ha procedido a la suspensión cautelar del Instituto CB Medical Gimenedex, centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción voluntaria del embarazo de bajo riesgo, por el "grave riesgo" para la salud de sus pacientes, según han asegurado  a Efe fuentes sanitarias.

A esta clínica, situada en el número 41 de la calle de Zurbano (distrito de Chamberí), acudieron el pasado 5 de diciembre inspectores sanitarios de la Comunidad y detectaron "graves irregularidades" en el centro, ya que "el ginecólogo que supuestamente firmaba los abortos practicados no se correspondía con el que realmente hizo esas interrupciones voluntarias de embarazos de bajo riesgo".

De hecho, según las mismas fuentes, el ginecólogo R.T. manifestó a los inspectores que las historias clínicas que estaban bajo sospecha no correspondían a pacientes suyas y ni siquiera, según el relato del médico, reconoció como suya la firma que aparecía en las mismas.

Así mismo, R.T. aseguró a los inspectores que era falso el dato en el que figuraba él como médico que hubiera practicado varias interrupciones voluntarias del embarazo reflejadas en el libro de quirófano del centro.

De hecho, según su versión, R.T. no había practicado ningún aborto este año en el centro.

Los inspectores, además, comprobaron que M.A.I.D., que está contratado en el centro como médico psiquiatra, no tiene el título de Psiquiatría, sino sólo un máster en esta especialidad.

Los informes psiquiátricos preceptivos para la realización de abortos en caso de grave riesgo para la salud psíquica de la mujer tienen que ir firmados por un titulado en Psiquiatría, advierten las mismas fuentes.

Ante el "grave riesgo" para la salud pública, los inspectores de la Comunidad de Madrid han procedido hoy a la suspensión cautelar de parte del funcionamiento de esta clínica (la destinada a interrupciones de embarazos) y a precintar el archivo de las historias clínicas.

Dada la existencia de indicios de delitos, la Comunidad de Madrid va a denunciar, probablemente "en las próximas horas", según las mismas fuentes, ante el Juzgado de Guardia de Madrid las supuestas irregularidades. (Efe)

Silencio, se aborta

La Comunidad de Madrid 'protege' a las grandes clínicas abortistas, a pesar de que tiene evidencias de delitos flagrantes.

La clínica de abortos Callao, inspeccinada sin consecuencias. BORJA SANCHEZ

Santiago Mata

Madrid. Las pequeñas clínicas abortistas madrileñas viven en estado de sitio desde que la investigación emprendida en Barcelona el pasado día 26 se extendió a otras clínicas del detenido doctor Carlos Morín, y en concreto a CB Medical, cerrada por las autoridades sanitarias de la capital el lunes. Las inspecciones sanitarias están a la orden de día, eso sí, salvo para las tres grandes: Dátor, Isadora y El Bosque, que realizan el 90% de los abortos en Madrid. Esas son intocables porque hacen el trabajo ilegal que los médicos de la sanidad pública —en ejercicio del derecho a la objeción de conciencia— no quieren hacer, pero que de todas maneras paga el contribuyente.

 Las tres grandes son intocables, aunque fue una investigación en torno a Dátor la que desató la actual redada contra clínicas que realizan abortos ilegales. Reconstruyamos los pasos.

  El 15 de junio de 2006, el Partido Social Europeo denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las clínicas Dátor (madrileña) y Ginemedex (barcelonesa) por tirar los residuos biosanitarios a la basura ordinaria y, a la primera, además por enviarlos a un laboratorio de productos cosméticos. No hubo investigación hasta que un redactor de LA GACETA, Miguel Janer, anunció a la Guardia Civil su intención de publicar fotos de restos de fetos abortados, encontrados en la basura ordinaria de las citadas clínicas.

 La UCO intervino a partir del 16 de febrero en las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos restos humanos que deben ser incinerados siguiendo un procedimiento muy preciso. Parte de la información se filtró a la prensa una semana después: en concreto la del hallazgo de restos humanos, entre ellos siete fetos de gran tamaño, en la basura de Isadora.

 Según las informaciones publicadas, la inspección de febrero la llevaron a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona, Guardia Civil) e inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad de Madrid sigue afirmando hoy día que colaboró y colabora con la Guardia Civil en ese caso. Pero la Comunidad de Madrid no acompañó la denuncia interpuesta por el Seprona, y ésta fue archivada. La Consejería de Sanidad llegó a "acusar" a Isadora "de eliminar mal los residuos de abortos", según un comunicado del que se hacía eco El País el 1 de marzo.

 En un alarde de interés y capacidad de llegar a las fuentes de la noticia, el mismo diario podía informar al día siguiente de que "el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid archivó el pasado 20 de febrero las diligencias abiertas cuatro días antes a iniciativa de la Guardia Civil". Todo había muerto antes de nacer, como un aborto; pero no espontáneo, sino provocado: el titular del Juzgado número 6 (las diligencias aparentemente habían sido abiertas por el 47) no encontró "nada que indicara la comisión de un delito". LA GACETA, que dispone de 70 fotos sobre lo que la Guardia Civil halló en Isadora, sólo pudo dar la noticia a título póstumo el 16 de marzo. La Consejería de Salud dice ahora que no podía denunciar a Isadora porque tirar fetos es incumplir normas, pero no delito. Pero en la basura había medicamentos prohibidos y listas de clientes, delitos tanto o más graves que los de Morín

Solo para recalcitrantes, para que lo enseñen a quein noo selo crea:

http://www.youtube.com/watch?v=R0WXNl3HCA4

Advertencia: el vídeo contiene imágenes explícitas del asesinato legal de un niño.

¿Por qué no se ha hecho nada?

Tras diez meses, siguen archivadas las demandas contra Isadora. Además de fetos, en su basura había listas de clientes

Imagen de un feto de 25,4 centímetros -seís meses de gestación- hallado por la Guardia Civil en...

Santiago Mata

Madrid. Con el cierre de dos clínicas abortistas esta semana, la Consejería de Salud madrileña ha dejado claro que está dispuesta a evitar los abortos ilegales en la capital. Pero sigue siendo cierto que hace 10 meses, cuando pudo actuar al menos contra dos de los tres principales centros abortistas de la capital —Dátor, Isadora y El Bosque, que absorben el 90% de los abortos pagados por la Sanidad pública—, con evidentes pruebas de delitos, no lo hizo.

La denuncia que generó la actual redada contra el aborto ilegal, como informábamos ayer, fue interpuesta originalmente por el Partido Social Europeo contra Dátor y Ginemédex (la principal clínica de Morín en Barcelona) el 15 de junio de 2006. Después de que Miguel Janer, redactor de LA GACETA, presentara pruebas de que las citadas clínicas arrojaban fetos y documentación a la basura, la Guardia Civil (Seprona) actuó en febrero y halló en la basura de Isadora fetos, medicamentos prohibidos y listas de pacientes. El Seprona presentó denuncia ante los Juzgados de Instrucción madrileños números 6 y 47, pero ambas denuncias fueron archivadas. La segunda parte de la demanda de 2006, el traslado de restos desde Dátor a un laboratorio cosmético, cayó en el olvido.

Residuos

La Consejería de Sanidad de Madrid alega que en febrero no pudo cerrar preventivamente Isadora porque arrojar residuos a un lugar distinto del debido no es delito, sino sólo falta. En cambio, en las dos clínicas cerradas esta semana, al igual que en las de Morín en Barcelona, existía "grave peligro para la salud pública" por presuntas firmas falsas y certificados psiquiátricos en blanco.

También en Isadora había algo más que fetos mal reciclados (medicamentos prohibidos y listas de clientes con sus teléfonos) y, por lo demás, el responsable de la Consejería con el que pudo hablar LA GACETA, Javier Gómez, no aclaró por qué se tratan los fetos como residuos biocontaminantes (grupo III), cuando Madrid es una de las comunidades que no consideran los "restos humanos de suficiente entidad" como residuos biosanitarios, sino como residuos especiales (grupo IV) que deben ser tratados como cadáveres. En caso de que los fetos tengan "suficiente entidad", las pruebas tomadas hace 10 meses siguen ahí.

Unas fotos impresionantes tomadas hace 10 meses

Otra de las imágenes a las que ha tenido acceso LA GACETA

Éstos son los "residuos mal gestionados" por la clínica abortista Isadora. Dos fetos de 27 y 21 centímetros (en torno a 5 meses de edad) permiten saber de qué hablamos. Fueron hallados en febrero por la Guardia Civil (Seprona) en la basura de Isadora y los Juzgados de Instrucción madrileños (números 6 y 47) archivaron la demanda por no encontrar indicio de delito.

El juez reabre el caso Isadora

Al día siguiente de la información publicada por LA GACETA retoma las diligencias de una causa que no llegó a archivar. Desde el Gobierno se insiste en exigir que se cumpla la ley.

Cuando se interpuso la demanda ahora activada, Isadora incumplía el reglamento que prevé que se...

Santiago Mata

Madrid. Según informaron a LA GACETA fuentes del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de Instrucción 47 de la capital reemprendió ayer las diligencias de la causa 1996/2007, abierta contra el centro abortista Isadora en marzo por arrojar a la basura fetos, medicinas prohibidas y listas de clientes. El caso no había sido archivado, aunque dormía el sueño de los justos hasta que, ayer, LA GACETA publicó fotos de aquellos fetos.

En Madrid, la Guardia Civil procederá a investigar CB Medical, sucursal del doctor Carlos Morín (detenido el 26 de noviembre en Barcelona), cerrada preventivamente el lunes por la Consejería de Sanidad madrileña. Según el TSJM, el caso está disponible para su asignación a un juez. Además de este centro, Patricia Flores, directora general de inspección en la Sanidad madrileña, cerró preventivamente el jueves la clínica de abortos Mayrit. Hace diez meses, sin embargo, aseguró a quienes pusieron la demanda contra Isadora que aquella se basaba en "suposiciones infundadas", ya que la clínica cuya causa se reactivó ayer era regularmente inspeccionada y cumplía la normativa.

Los fetos no son basura

En Madrid, el 21% de los 22.000 abortos ejecutados en 2006 fue pagado con fondos públicos y, casi siempre, consumado en las clínicas Dátor, Isadora y El Bosque. Cuando las dos primeras fueron acusadas de arrojar fetos a la basura, se trató de argumentar que, en efecto, los fetos humanos son "residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora. La realidad es que, según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, los fetos no son residuos biosanitarios, sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. En estos diez meses, tanto los tres grandes centros abortistas privados como dos de los hospitales públicos que hacen abortos en Madrid han tenido tiempo de adaptarse a la normativa e introducen los fetos abortados en féretros en lugar de bidones.

Asociaciones como el Defensor del Paciente reiteraron ayer la exigencia de que la sanidad pública no se limite a reenviar a las mujeres que quieren abortar a clínicas en las que son maltratadas, sino que implique a los médicos objetores para que expliquen las alternativas al aborto. Desde el Gobierno, tanto Zapatero como la vicepresidenta Fernández de la Vega manifestaron que es necesario exigir que se cumpla la ley.

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Detenidos siete médicos vinculados a las clínicas abortistas de Morín

Uno de los arrestados es el vocal del colegio de Médicos de Barcelona que firmaba para Morín.

La Clínica TCB cerrada después de 12 detenciones. EFE

Santiago Mata

Madrid. La Guardia Civil detuvo ayer a siete médicos vinculados a las tres clínicas abortistas del doctor Carlos Morín intervenidas desde el pasado día 26. Como pudo comprobar LA GACETA, estas clínicas ya no dan citas a nuevas clientes y sólo admiten a personas con historial clínico en esos centros, que aparentemente pueden tener algo que aportar en la investigación sobre los abortos ilegales. Aproximadamente 40 mujeres que se habían sometido a abortos presuntamente ilegales en estas clínicas han prestado declaración.

Uno de los detenidos es Tomás Parra Parra, vocal de Ginecología del Colegio de Médicos de Barcelona, cuya firma y sello aparecían regularmente en los abortos realizados en Ginemedex por un estudiante de Pediatría que ejercía de ginecólogo sin tener título. En su día, cuando E-cristians denunció el caso ante el Colegio de Médicos, éste no encontró ninguna “mala praxis” en las clínicas de Morín.

Los otros detenidos son dos ginecólogos, dos psiquiatras y dos anestesistas, y sobre ellos pesan los mismos cargos por los que Morín y otras cinco personas fueron puestas a disposición judicial el pasado día 29: asociación ilícita, aborto ilegal, falsificación documental e intrusismo profesional. Uno de los psiquiatras aparentemente detenidos por firmar certificados sin haber entrevistado a las clientes, Pascual Javier R.M., trabajaba a tiempo parcial en la prisión de Can Brians. La consejera de Justicia de la Generalidad catalana, Montserrat Tura, afirmó ayer que ya ha sido “apartado de las funciones que efectuaba”.

Reacciones políticas

Tras las nuevas detenciones, políticos de distintos partidos han insistido en la necesidad de aplicar la ley para evitar abortos ilegales. Daniel Sirera, presidente del PP catalán, dijo que su partido “irá hasta el final en la exigencia de responsabilidades de la Generalitat” y que pedirá dimisiones si se prueba que “los responsables del Govern miraron hacia otro lado”. Por parte de CiU, Josep A. Duran i Lleida presentó en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno pidiendo explicaciones sobre “las prácticas de abortos que ponen de manifiesto la existencia de un fraude sistemático y estructural de nuestro sistema de protección de la vida”. El presidente Zapatero pidió a la Ejecutiva del PSOE una “reflexión” sobre la ley del aborto; a lo que la secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, sugirió promover una “ley de plazos” (aborto libre hasta cierta edad del feto).

Detenidos siete médicos por la trama de abortos ilegales

Dos psiquiatras son acusados de elaborar informes a la medida de las pacientes  |  Duran exige más control y Zapatero no se cierra a la reforma de la ley

Siete detenidos más por su presunta vinculación a la trama de abortos ilegales descubierta en las clínicas Ginemedex de Barcelona. Esta segunda oleada de arrestos, llevados a cabo ayer a primera hora de la mañana, está compuesta de dos psiquiatras, tres ginecólogos y dos anestesistas, uno de ellos una mujer. La Guardia Civil detuvo a los presuntos implicados en los domicilios particulares de los facultativos.

Las imputaciones en las que se fundamentan los arrestos son los mismos que los invocados para el arresto, el pasado 26 de noviembre, del considerado cerebro de la trama, el doctor Carlos Guillermo Morín, como son los de intrusismo profesional, asociación ilícita, falsificación en documento y prácticas abortivas ilegales.

En la primera fase, la de noviembre, se arrestó a seis personas. De ellas, tres ingresaron en prisión: el doctor Morín, su esposa y una empleada de las clínicas. Los siete detenidos ayer son todos médicos, aunque debe aclararse - y ese es uno de los motivos de su imputación- si actuaron siempre dentro de la especialidad a la que están autorizados.

Este nuevo capítulo de la operación contra las supuestas interrupciones ilegales del embarazo en el seno de las clínicas del doctor Morín, ahonda, entre otros aspectos, en la presunta responsabilidad de los psiquiatras en la elaboración de informes psicológicos a la medida de las pacientes y cuya finalidad era demostrar que el embarazo suponía un grave riesgo para la salud mental de la madre, que es uno de los supuestos legales para llevar a cabo un aborto.

Los investigadores creen poder probar que los dos psiquiatras detenidos vendían supuestamente sus firmas para dar salida a informes que venían a demostrar que las pacientes estaban abocadas a graves trastornos mentales. En muchas ocasiones, según fuentes de la investigación, los doctores no llegaban ni siquiera a visitar a las mujeres sobre cuyo estado mental efectuaban un dictamen que servía como base legal para llevar a cabo la interrupción del embarazo con apariencia de veracidad.

Las mujeres que ya han pasado a declarar por las dependencias de la Guardia Civil han confirmado que muchas de las firmas que aparecen en sus expedientes no son de ellas, por ejemplo, las correspondientes a los test psicológicos. Estos cuestionarios parecen, a la luz de los datos recogidos por los investigadores, confeccionados en serie, como adelantó ayer este diario. Las respuestas iban encaminadas siempre a perfilar el peor de los diagnósticos, incluidas las tendencias suicidas.

Las pesquisas han puesto de manifiesto que, supuestamente, las clínicas disponían de un fondo de test psicológicos completados y firmados por los psiquiatras que en cambio tenían en blanco las casillas destinadas al nombre de la paciente que debía someterse a dicho cuestionario. Los investigadores están convencidos de que cada una de estas firmas tenía un precio estipulado con la dirección de las clínicas. Ello hacía que los psiquiatras no pasaran, según fuentes del caso, todos los días por las dependencias de Ginemedex. A tenor de estos datos, muchos de estos informes pudieron llegarse a firmar cuando la paciente ya había interrumpido su embarazo.

La investigación, lejos de ralentizarse tras las primeras detenciones, se ha vuelto más intensa si cabe. Los agentes responsables del caso han cotejado cientos y cientos de documentos y descubierto, siempre según fuentes del caso, nuevos supuestos ilícitos.

Los libros de quirófano han sido fuentes inagotables para los investigadores. Se sospecha que algunos de los médicos detenidos constaban como participantes en alguna intervención quirúrgica a la luz de los registros de control cuando en realidad el día en cuestión ni habían aparecido una sola en las clínicas. Todo ello lleva a sospechar, y ese es otro de los supuestos que los responsables del caso quieren aclarar, que en muchas ocasiones un solo médico - ayudado por alguna enfermera- llevaba a cabo las intervenciones y que después se hacía firmar a los demás para dar cumplimiento así de los requisitos legales.

Fuentes conocedoras del caso explicaron ayer que las imputaciones podrían modificarse - ampliarse o reducirse- tras la toma de declaración de los nuevos detenidos. Las mismas fuentes explicaron que el sumario avanza por buen camino pues los investigadores han contado con herramientas muy eficaces - puestas a su servicio por la juez instructora- como han sido las intervenciones telefónicas. Las escuchas judiciales han sido, según estas informaciones, muy esclarecedoras. Hasta tal punto que se sospecha que, a pesar de haberse llevado a cabo las primeras detenciones, han podido continuar algunas prácticas irregulares después incluso de la entrada en prisión del doctor Morín.

La intención de los investigadores es agotar las 72 horas de detención antes de llevar a los detenidos ante el juez, salvo que recibieran órdenes del juzgado en otra dirección. Los abogados de los siete médicos detenidos ayer empezaron a pasar por las dependencias de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona a última hora de la mañana y primera de la tarde. El juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, cuyo titular es la juez Elisabet Castelló, es el responsable del caso sobre el que hay decretado el secreto del sumario, entre otras cosas, para preservar en lo posible la identidad de las pacientes implicadas.

Psiquiatras vinculados a la Administración

Los dos psiquiatras detenidos ayer trabajaban para la Administración catalana. Uno de los arrestados es el psiquiatra que trabaja en la prisión de Brians. La propia consellera de Justícia, Montserrat Tura, confirmó ayer este extremo. Aunque dijo que hacía guardia esporádicas, la titular de Justícia señaló que si finalmente acaba siendo condenado, su departamento "tomará las medidas que correspondan". Por el momento, ha sido apartado del servicio. Fuentes penitenciarias explicaron que el detenido solía hablar en la cafetería de Brians de su trabajo en las clínicas Ginemedex y que se había ofrecido a ayudar a cualquiera en ese terreno. El otro especialista en psiquiatría es un médico adscrito, entre otros destinos, al centro de asistencia primaria de la calle Manso de Barcelona, dependiente de Salut.

Las principales clínicas abortistas investigadas paralizan su actividad

EUROPA PRESS. MADRID/BARCELONA

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió hoy a los miembros de la Ejecutiva socialista un análisis en profundidad de la situación creada a raíz del descubrimiento de varias clínicas que practicaban abortos ilegales en Madrid y Barcelona, con el fin de dar una respuesta en el programa electoral, informaron a Europa Press fuentes socialistas.

La cuestión la planteó, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, la secretaria socialista de Igualdad, Maribel Montaño, que apuntó que la actual Ley del Aborto, que lleva 22 años en vigor, puede tener efectos adversos, y consideró necesario abrir una reflexión.

Montaño también recordó que en 2004 el PSOE propuso en su programa electoral la elaboración de una ley de plazos para regular el derecho al aborto y que ésta, entre otras, podría ser una posible vía de solución a los problemas destapados actualmente.

Otros miembros de la Ejecutiva, como el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, también consideraron necesario estudiar el asunto, por lo que Zapatero pidió un análisis en profundidad y una reflexión sobre posibles soluciones con el fin de incorporarlas al programa electoral.

Las fuentes consultadas señalaron que por el momento el PSOE no opta por ninguna vía concreta --ni reforma de la ley ni otras medidas--, pero sí quiere reflexionar sobre el problema de los abortos ilegales que, además, ha hecho resurgir las posturas más beligerantes contra el aborto.

Propuesta alambicada

Durante la reunión de la Ejecutiva se leyó la propuesta que el PSOE estaba preparando hasta ahora para incluir en el programa electoral, en la que se hablaba de equidad en el ejercicio del derecho al aborto y de garantías a la hora de ejercerlo. Sin embargo, la frase incluida, según las fuentes consultadas resultaba un tanto "alambicada" y "confusa".

Por este motivo, Zapatero pidió que se reformule la propuesta para que quede clara la posición del partido, sin inclinarse por ninguna solución concreta.

El jefe del Ejecutivo y candidato socialista constató que en la situación actual del ejercicio del derecho al aborto está habiendo problemas, también por la actitud que están manteniendo los sectores contrarios más beligerantes.

La modalidad de las leyes de plazos para regular el aborto suele basarse en establecer un plazo durante el cual la mujer puede optar por seguir adelante con su embarazo o interrumpirlo, ejerciendo el derecho al aborto sin limitación. Sin embargo, a partir de ese periodo --que en otros países puede ser de 12 o 14 semanas-- sólo se podría abortar de forma muy limitada y en casos muy tasados.

Difundir el proyecto general del partido

Durante la reunión de la Ejecutiva, el presidente del Gobierno también realizó un repaso de la situación política y planteó a sus compañeros que se difunda y se ponga el acento en el proyecto general del partido, tras exponer que se ha llegado a una situación en la que hay una especie de subasta de propuestas entre los diferentes candidatos.

Zapatero también se refirió a los Presupuestos generales del Estado que tendrán que ser aprobados el próximo jueves en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, después de que fueran vetados en el Senado.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el presidente apuntó que probablemente se apueben las cuentas públicas para 2008 con más apoyos con los que salió adelante en contra de las enmiendas a la totalidad.

Las principales clínicas investigadas en Barcelona por presuntos abortos ilegales permanecían cerradas esta mañana, después de que la Guardia Civil detuviera hoy en una segunda operación policial a dos psiquiatras, tres ginecólogos y dos anestesistas por supuestamente colaborar en la trama liderada por el ginecólogo Carlos Morín, en prisión provisional desde el 30 de noviembre por estos hechos.

Según pudo confirmar Europa Press, las clínicas TCB, Ginemedex y el complejo de Clínicas Barnamedic --todas ellas en el barrio de Les Tres Torres de la zona alta de Barcelona-- permanecían hoy con las puertas cerradas, las luces apagadas y sin ningún tipo de actividad visible desde fuera.

Los tres centros, junto con la clínica EMECE, fueron registrados el 26 de noviembre por orden de la juez de Instrucción número 33 de Barcelona, después de que la instructora aceptara una querella criminal de E-Cristians. Las diligencias se practicaron con conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien aseguró tener "indicios sólidos" de incumplimientos de la legalidad en estos centros.

Pese a que el resto de clínicas cesaron su actividad, EMECE amaneció con las puertas abiertas al público, facilitando hora con normalidad a las pacientes que lo solicitaban, ya que aseguraba no tener "nada que ver" con el resto de centros.

Los registros practicados en noviembre en las clínicas abortistas investigadas se saldaron con seis detenciones, entre ellas, la del cabeza visible del grupo, Carlos Morín, su esposa, María Luisa D. S., y otros cuatro trabajadores.

Tras tomarles declaración, la instructora decretó prisión provisional sin fianza para Morín, su mujer, y Virtudes S. V. , la mano derecha del ginecólogo responsable de esta trama, que captaba a las mujeres embarazadas y contaba con ramificaciones internacionales, por los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo.

Los otros tres detenidos, todos ellos facultativos, sólo fueron imputados por aborto ilegal y asociación ilícita, y quedaron en libertad tras pagar fianzas de 2.000 y 4.000 euros.

Una aclaración: la detención de Morín y secuaces fue provocada por una querella que presentó Alternativa Española (AES) a la que se sumaron Centro Jurídico Santo Tomás Moro y e-cristians.

La "huelga" de los abortorios en Madrid fue provocada, en gran parte, por las cinco manifestaciones simultaneas frente a todos los centros que hizo, asimismo, Alternativa Española.

Para más información, www.alternativaespanola.com www.alternativaespanola.info

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