El proyecto de ley de muerte asistida, propuesto por el diputado laborista Rob Marris, era una réplica de la versión aprobada hace un año por la Cámara de los Lores (cfr. Aceprensa, 18-11-2014). En la de los Comunes, sin embargo, no ha pasado la segunda lectura.
El pasado mayo, el Parlamento de Escocia también rechazó un proyecto de ley parecido. En Irlanda del Norte, el suicidio asistido sigue prohibido por decisión del Tribunal Supremo, quien sentenció a principios de 2013 que “no existe el derecho al suicidio” (cfr. Aceprensa, 21-01-2013).
La iniciativa de Marris permitía a los enfermos terminales adultos, con una esperanza de vida inferior a seis meses, recibir asistencia para el suicidio, siempre que lo pidieran de forma “clara e insistente”. La solicitud sería aprobada por dos médicos, uno de los cuales le ayudaría a morir. Pero este tenía prohibido administrarle directamente el tratamiento letal. Una enmienda añadida al proyecto durante su paso por la Cámara de los Lores exigía, además, que un juez supervisase que el paciente cumplía todos los requisitos.
Mensajes contradictorios
Para el diputado tory Dominic Grieve, ex fiscal general de Inglaterra y Gales, el proyecto de ley presentado por el diputado laborista contradecía el principio de “no hacer daño” –sobre el que se basa la ética médica– y la visión que la sociedad tiene acerca del suicidio.
Según esa visión, quienes intentan suicidarse deben ser tratados con compasión y ayudados. “Pero el suicidio no es algo que deba ser promovido, ni mucho menos asistido. Por eso, tenemos estrategias de prevención y alertas. Legalizar la ayuda al suicidio en ciertas circunstancias es ir en contra de esos valores, socavarlos”, explicaba en un artículo publicado en The Telegraph el mismo día de la votación.
El 82% de los médicos británicos especializados en cuidados paliativos se declaran en contra del suicidio asistido, según una encuesta de 2015
“Las leyes son algo más que simples instrumentos reguladores. Transmiten importantes mensajes éticos. Cuando algo es legalizado por el Parlamento, eso ayuda a que adquiera un sello de aprobación social. Una ley de ‘muerte asistida’ envía al enfermo terminal el mensaje de que quitarse la vida es una opción que debe considerar y algo que puede ser legítimamente promovido”.
Grieve recuerda que bajo la actual ley del suicidio, de 1961, por la que no se persigue al que intenta quitarse la vida, pero que creó el delito de “asistencia o inducción al suicidio”, los casos de suicidio asistido son raros: unos 20 al año. Pero de acuerdo con las estimaciones basadas en la población británica, con una ley como la de Marris –muy similar a la de Oregón– se podría haber llegado a unos 1.500 al año.
Formados para salvar vidas
Otra voz crítica con el proyecto de ley es la de Zara Aziz, una médico de cabecera de Bristol. “Como médicos, hemos sido formados para salvar vidas o para aliviar el sufrimiento a través de la práctica médica, no para quitar vidas”, escribe en The Guardian. Por eso, no es extraño que la mayoría de los médicos británicos se opongan a la ley propuesta.
Y menciona una encuesta de 2015 en la que el 82% de los médicos británicos especializados en cuidados paliativos se declaraban en contra de cambiar la ley de 1961, que prohíbe tanto la eutanasia como el suicidio asistido. (En la misma línea, Grieve citaba una encuesta en la que solo uno de cada siete médicos de cabecera decían estar dispuestos a tramitar una solicitud de ayuda a morir).
Para Aziz, las leyes de suicidio asistido encierran siempre “la posibilidad real de la coacción –implícita o explícita– que amigos, familiares e incluso profesionales sanitarios pueden ejercer sobre los pacientes cuando son vistos como una carga”. Frente a este peligro potencial, recuerda que “los pacientes deben tener la confianza y la garantía de que [los médicos] estamos de su parte”. Y concluye: “El suicidio asistido no debería ser una alternativa barata a unos cuidados paliativos de calidad”.
“El suicidio asistido no debería ser una alternativa barata a unos cuidados paliativos de calidad”
La compasión que no hace daño
Un argumento muy parecido empleó el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal, en un comunicado en el que urgía a los católicos a que escribiesen a sus representantes en la Cámara de los Comunes para que votasen en contra de la ley.
“Aquellos que están gravemente enfermos o en estado terminal se merecen el mejor cuidado que la sociedad les pueda dar, sin hacerles sentir nunca que son una carga. Tratamos de apoyar a los pacientes en esas circunstancias, con los mejores recursos y conocimientos que tenemos a nuestro alcance. En las últimas décadas, los cuidados paliativos y la atención al final de la vida han logrado avances notables. Pedimos al gobierno que continúe desarrollando estos servicios”.
En la misma línea se ha pronunciado la Iglesia anglicana de Inglaterra, poco tiempo después de conocer el resultado de la votación. “Creemos que las medidas recogidas en el proyecto de ley de muerte asistida hubieran expuesto a personas vulnerables a un riesgo mayor. La votación en la Cámara de los Comunes envía un mensaje claro sobre cuál es el enfoque adecuado para apoyar a los enfermos terminales: ofrecer compasión y apoyo a través de unos mejores cuidados paliativos”.