El episcopado de Zimbabwe denuncia la brutalidad de las autoridades contra los pobres
23 de junio de 2005
En la «Operación Restaurar del Orden», del gobierno de Mugabe
HARARE, jueves, 23 junio 2005 (ZENIT.org).- Bajo el título «El llanto de los pobres» la Conferencia Episcopal de Zimbabwe difundió el martes una carta pastoral denunciando la brutalidad de la operación de las autoridades en la demolición de chabolas y la situación de desamparo en que han quedado numerosísimas familias.
Haciéndose eco de la tragedia humanitaria, la agencia misionera de la Santa Sede apunta que el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha designado a Anna Kajumolo Tibaijuka (de Tanzania), enviado especial para investigar los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante la operación «Murambatsvina» («Operación Restaurar el Orden») emprendida el pasado 19 de mayo por el gobierno de Zimbabwe con el pretexto de librar a las ciudades del mercado ilegal y de los abusos urbanísticos.
Es el contexto en que la policía ha arrestado al menos a 20 mil personas. De acuerdo con la ONU, aproximadamente 200 mil han perdido su hogar debido al derribo de las chabolas de los barrios periféricos de las principales ciudades del país africano.
Además de la capital, Harare, la operación «Murambatsvina» afecta a las ciudades de Bulawayo, Mutare, Chitungwiza, Rusape, Murehwa, Gweru, Masvingo y Kadoma.
Los ahora «sin techo» se hallan expuestos a las bajas temperaturas del invierno austral.
Los obispos católicos de Zimbabwe, que con anterioridad ya habían criticado esta operación de «limpieza», alertan en su última pastoral de que, cuatro semanas después de su ejecución, «un número incalculable de hombres, mujeres con niños recién nacidos, niños en edad escolar, ancianos y enfermos siguen durmiendo a la intemperie con temperaturas invernales cercanas a la congelación».
«Estas personas necesitan urgentemente refugio, alimentos, ropa, medicinas», constatan.
«La pretensión de justificar la operación por motivos de orden público es totalmente infundada en vista de los medios crueles e inhumanos que se han utilizado. Las personas tienen derecho a un refugio, y éste ha sido deliberadamente destruido en el curso de la operación sin preaviso», denuncian.
Consideran los prelados que --«si bien todos deseamos el respeto del orden»-- se debería haber identificado y proporcionado alojamiento alternativo y fuentes de ingreso antes de llevar a cabo las demoliciones y la suspensión del comercio informal. «Condenamos esta gran injusticia que se ha realizado a los pobres», escriben.
El 80% de los más de 11 millones de habitantes de Zimbabwe está desempleado.
La decisión del presidente Robert Mugabe de distribuir la tierra de los campesinos de origen europeo a sus seguidores ha arrojado al caos el sistema agrario del país, uno de los mejores de África hasta hace pocos años, y ha destruido el tejido económico del país.
Al dividir las grandes haciendas agrícolas en muchos lotes confiados a diversas familias se pasó de golpe de una producción a gran escala a una agricultura de subsistencia que no está siendo capaz de alimentar al país, ahora dependiente de la ayuda exterior para su propia supervivencia. Ello igualmente ha llevado crisis a los países vecinos, que adquirían sus alimentos de Harare.
Mientras el país se hunde cada vez más en la pobreza, el gobierno ha intensificado la política de control de la población y de represión de la oposición. Aún en una situación económica dramática, ha aumentado la dotación financiera de las fuerzas armadas y de la Organización Central de Inteligencia, que recientemente ha adquirido material de alta tecnología para controlar, y eventualmente bloquear, las comunicaciones telefónicas, telemáticas y las transmisiones de radio y televisión en el país y hacia ?y desde-- el extranjero, alerta la agencia vaticana «Fides».
Ésta a finales de mayo alertaba de que la última campaña de Mugabe iba contra los comerciantes de la calle --personas que habían sido convencidas por el propio presidente, con una ley de 1991, de que se hicieran ambulantes para favorecer el nacimiento del comercio privado? y de las expulsiones de numerosísimas familias de la periferia de Harare, a pesar de un acuerdo alcanzado en 2002 con el ministro de Urbanismo.
Advertía igualmente del criterio de la oposición en Zimbabwe, según la cual de esta forma Mugabe intentaba expulsar a buena parte de la población pobre de la ciudad hacia los campos, donde es más fácilmente controlable gracias a la distribución del escaso alimento, que está en manos de los fieles al presidente.
«Haced la guerra a la pobreza, no a los pobres», clamaron los representantes de las Iglesias cristianas ?en un llamamiento también suscrito por la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia católica en el país-- uniendo su voz a quienes pedían al gobierno de Zimbabwe acabar con las vejaciones de las fuerzas del orden contra los indigentes, mientras en la capital la policía seguía deteniendo a vendedores ambulantes y derribando sus chabolas.
«Creada a imagen y semejanza de Dios, cada persona tiene una dignidad humana innata, que se nos ha dado no por autoridades seculares, sino por el Creador mismo. Esta dignidad ha sido gravemente violada por la despiadada manera en que la ?Operación Restaurar el Orden? fue realizada en las ciudades y otras zonas», firma el episcopado católico en su carta «El llanto de los pobres» (texto íntegro disponible en inglés en www.evangelizatio.org).
Este jueves, una coalición de más de 200 grupos cívicos y de derechos humanos tanto africanos como internacionales han lanzado un Llamamiento Conjunto urgente a las Naciones Unidas y la Unión Africana para que ayuden al pueblo de Zimbabwe. El Llamamiento ha sido coordinado por Amnistía Internacional, el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés) y Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabwe.
Estiman en más de 300 mil las personas desalojadas de sus hogares por el gobierno de Zimbabwe. Piden al presidente nigeriano Obasanjo que, como presidente de la UA, introduzca en la agenda de la próxima Asamblea de la ONU (Libia, 4 y 5 de julio) la crisis en Zimbabwe. Al secretario general de la ONU exhortan a condenar públicamente estos sucesos y a adoptar medidas para detenerlos.
