La Santa Sede fijó ante la OEA su posición sobre Venezuela
22 de junio de 2017
La Santa Sede remitió un documento para fijar claramente su posición sobre el problema venezolano, ante la 47º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), monseñor Bernardito Auza, realizada en Cancún, México, del 19 al 21 de junio.
Permitir el ingreso de alimentos y medicinas; fijar la fecha de las elecciones y liberar a los presos políticos, son tres de las prioridades que pidió el papa Francisco y la Santa Sede ante la dramática situación que vive Venezuela. Lo hizo mediante su observador permanente ante la 47º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), monseñor Bernardito Auza, realizada en Cancún, México, del 19 al 21 de junio.
Destacando que la situación en Venezuela cobró últimamente “tintes verdaderamente dramáticos”, monseñor Auza señaló, además, “que el actual clima de enfrentamiento también afectó a la Iglesia católica en Venezuela” y advirtió que “se verificaron episodios de amenazas a sacerdotes, irrupciones violentas durante las celebraciones litúrgicas, acusaciones injustificadas contra instituciones eclesiásticas y ataques difamatorios públicos contra algunos obispos”.
Texto de la declaración del representante de la Santa Sede
Señor Presidente,
La delegación de la Santa Sede agradece la oportunidad que se le brinda de poder compartir su preocupación por la situación actual de Venezuela, así como su esperanza de que esta reunión en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos pueda ayudar a solucionar la grave crisis que vive el país.
Como es bien conocido, desde el inicio de la crisis, tanto el Santo Padre como la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal Venezolana, en diversas intervenciones, han llamado a los poderes públicos y políticos a que, superando los intereses partidistas y las ideologías, escuchasen la voz del pueblo, defendiesen el bien común, creasen un clima de serenidad y de paz social, respetasen la institucionalidad en favor de la convivencia nacional y favoreciesen la acción social de las instituciones nacionales e internacionales para enfrentar la innegable crisis que sufre Venezuela y que golpea fuertemente a su población. Por ello, la Santa Sede ha mantenido siempre una posición clara, reclamando a todos los líderes políticos el cese de la violencia e instando al respeto de la verdad y de la justicia.
Sin dejar de exhortar a la negociación, ni de advertir de los peligros de los discursos belicistas y agresivos, la Santa Sede mostró, en todo momento, su disponibilidad a colaborar en la búsqueda de una solución pacífica, duradera y viable a la crisis venezolana, con la condición de que así lo solicitasen formalmente tanto el Gobierno como la oposición, como efectivamente ocurrió.
Como es sabido, en octubre y en noviembre de 2016, se celebraron encuentros de la Mesa del Diálogo Nacional en Caracas, y teniendo en cuenta que los acuerdos allí alcanzados no eran aplicados, el cardenal Secretario de Estado, en nombre y por disposición del papa Francisco, remitió una carta a las partes y a los restantes acompañantes el 1º de diciembre. En ella, en cumplimiento del papel de acompañamiento al que la Santa Sede había sido llamada, se solicitaba:
Que se tomasen las providencias necesarias para la implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que estaba sufriendo la población, a la vez que se aseguraba la plena disponibilidad de las instituciones de la Iglesia católica, entre ellas Caritas, a prestar toda la ayuda posible, con los medios a su alcance, para salir de esta situación de emergencia social;
Que las partes concordasen el calendario electoral que permitiese a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro;
Que se tomasen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución;
Que se encontrase el modo de acelerar el proceso de liberación de los detenidos.
Con ocasión de la XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano, celebrada recientemente en San Salvador, los obispos del continente han señalado que en Venezuela «se vuelve insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de libertades».
La Santa Sede ve con preocupación cómo, pese a los esfuerzos realizados y que son por todos conocidos, la situación ha adquirido tintes dramáticos en los últimos meses. El 30 de abril, después del rezo del Regina Coeli, el Santo Padre hizo un llamado al Gobierno y a todos los integrantes de la sociedad venezolana para que fuese evitada cualquier ulterior forma de violencia, se respetasen los derechos humanos y se buscasen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está golpeando a la población.
Al respecto, mi delegación desea señalar que el actual clima de enfrentamiento también ha afectado a la Iglesia católica en Venezuela. Se han verificado episodios de amenazas a sacerdotes, irrupciones violentas durante las celebraciones litúrgicas, acusaciones injustificadas contra instituciones eclesiásticas y ataques difamatorios públicos contra algunos obispos.
Pese a ello, la Santa Sede, partiendo de la convicción de que deben ser los propios ciudadanos quienes pongan las bases para solucionar los problemas internos, considera que no deben escatimarse los esfuerzos para ayudar a que el país salga de su grave crisis, pues como ha dicho el papa Francisco el pasado 29 de abril «todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, con las garantías necesarias».
Con la única finalidad de promover el bien de todos y cada uno de los venezolanos y de favorecer una solución pacífica y democrática a la actual situación, la Santa Sede reitera su posición, ya conocida, de que una negociación seria y sincera entre las partes, basada en las claras condiciones indicadas en la mencionada carta del 1º de diciembre de 2016, comenzando por la celebración de elecciones directas, libres y trasparentes previstas para los años 2016 y 2017, serían la única vía de salida a la grave crisis en que se ve inmerso el país. A tal propósito, la reciente decisión gubernamental de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del país.
Por otro lado, se valora muy positivamente la posibilidad de que un grupo de países de la región o, eventualmente, de otros continentes, elegidos tanto por el Gobierno como por la oposición, acompañen las negociaciones actuando como garantes.
