
Que la Iglesia de Nicaragua esté en la mira de la represión violenta que ha puesto en marcha el gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega en contra de cualquiera que se le oponga parece un hecho confirmado. De mediadores a opositores, los obispos, los sacerdotes y los frailes (comprometidos en estos días en ayudar a las víctimas y a los refugiados) han pasado a ubicarse en los primeros lugares de la “lista negra” de las llamadas Turbas, los grupos de paramilitares y parapolicías filo-gubernamentales. Y algunos medios de comunicación los han incluso llegado a tildar de “traidores”.
El último grave ataque (después del que sufrieron el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, su auxiliar, monseñor José Silvio Báez, y el nuncio apostólico Waldemar StanislaW Sommertag, golpeados en una iglesia de Diriamba) fue también contra un obispo: Juan Abelardo Mata, de 72 años, obispo de Estelí y ex presidente de la Conferencia Episcopal. Es una de las voces más críticas con la presidencia del comandante Ortega y también es miembro de la comisión episcopal encargada de la mediación en el Diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. El religioso, hace dos días, escapó a una emboscada de las fuerzas paramilitares. Las imágenes que fueron transmitidas en los noticieros y que circulan en las redes sociales muestran el vehículo y los daños sufridos en varias partes: cristales rotos, llantas perforadas… El obispo y su chofer salieron ilesos del ataque, pero el shock es grande. En una sociedad poco secularizada como la sociedad nicaragüense, en la que todavía es fuerte el respeto de los pastores y de las jerarquías eclesiásticas, un ataque directo contra un obispo es señal de que se ha superado cualquier límite en el país, de rodillas por una crisis que desde el 19 de abril ha provocado alrededor de 350 muertos y cientos de miles de heridos.
Una vez más, se ha elevado la voz del cardenal Brenes, quien, después de haber tranquilizado a los fieles sobre las condiciones de Mata («Está fuera de peligro, gracias a Dios»), afirmó: «Es triste que este evento se haya verificado, es una grave falta de respeto que está sucediendo, es deplorable y espero que se pueda frenar todo esto, porque no es posible que siga esta situación».
Brenes también denunció la irrupción de algunos paramilitares en una iglesia parroquial de Masaya, en el municipio de Catarina, en el sureste del país. El ataque no provocó ni muertos ni heridos (al contrario de lo que sucedió hace dos días en la iglesia de la Divina Misericordia, en donde se habían refugiado 200 estudiantes, dos de los cuales perdieron la vida en circunstancias poco claras), pero ha provocado el temor en la población. La mayor parte de los habitantes ha abandonado sus casas para refugiarse en las parroquias. Brenes reiteró su llamado al gobierno y a los jefes de la policía para que se detengan los ataques contra civiles inocentes, y pidió que se respeten los edificios de culto y otros lugares que son propiedad de la Iglesia.
Pero parece que las palabras del purpurado no fueron escuchadas, puesto que las fuerzas especiales dañaron la iglesia de San Juan Bautista, en Masaya, y ayer en la noche fue incendiada por un grupo de hombres no identificados la sede de la Caritas en Sébaco, parte de la diócesis de Matagalpa. Quien denunció este último ataque fue el obispo, monseñor Rolando José Álvarez, que en un mensaje publicado en las redes sociales indicó que rechaza este tipo de ataques que han dañado a todo el pueblo de Nicargua y a la Iglesia en las últimas semanas.
Y no acaba allí: el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Baez, denunció en su cuenta de Twitter un asalto de las fuerzas conjuntas (paramilitares, policía antimotines y fuerzas de choque, al barrio indígena de Monimbó en Masaya. «¡Alto a la represión! Mi oración por este amado pueblo», escribió en el “tuit”.
El llamado fue retomado por el embajador Carlos Trujillo, quien indicó que el ejecutivo de Nicaragua tendrá que «dar cuentas» por los reiterados «actos de violencia y de represión» que llevaran solamente «a un mayor aislamiento y a sanciones». «¡Hay que detener inmediatamente este genocidio!», escribió en Twitter el diplomático mediante el cual la Casa Blanca solicitó al gobierno de Ortega anticipar las elecciones, tal y como pide la población, que espera la renuncia del presidente, para poder salir de la crisis.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, según comunicó en un documento del pasado 14 de julio, insiste en que proseguirá en su papel de mediación, aunque precisa que es su deber «informar a la nación que durante estos meses hemos asistido a la falta de voluntad política del gobierno para dialogar sinceramente y para buscar procesos reales que nos lleven hacia una democracia».