Entrevista a Federico de Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España
22 de enero de 2019
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Comillas-Icade, es el nuevo responsable del órgano que asesora a los gobiernos central y autonómicos en las implicaciones éticas de las leyes. Ser jurista y presidir un comité de bioética que asesora gobiernos es vivir en debate. Federico de Montalvo es un trajín diario en busca de respuestas a las preguntas incómodas de nuestras vidas: gestación subrogada, prisión permanente revisable, eutanasia, educación sexual, antivacunación...
¿Qué tiene que decir el Comité de Bioética de España ante la gestación subrogada?
Entendemos que legalizar la gestación subrogada no es ni ética, ni jurídica, ni legislativamente oportuno. Hay elementos que nos hacen plantear que no existe una verdadera autonomía; es decir, que esa mujer que acepta ceder temporalmente su vientre no lo hace de forma voluntaria. Las compensaciones, en el fondo, se acaban convirtiendo en un precio. Las mujeres pobres serían la que estarían cediendo los vientres, que, de hecho, pensamos que es lo que está ocurriendo. Más allá del debate sobre el rol que supone para la mujer como gestante, afectaría a su dignidad.
¿No puede la mujer decidir libremente?
A lo mejor hay un caso, pero una cosa es que excepcionalmente pueda ocurrir y otra es que, implantada como medida legislativa, acabe afectando a la vulnerabilidad de las personas.
¿Y si se plantea, como dice Ciudadanos, sin compensación económica? Su proposición de ley se debatirá el mes que viene en el Congreso.
Hay dudas de que sea realmente altruista. La gestación subrogada no lleva detrás a las ONG, sino un negocio económico que te demuestra que no puede serlo. Pero incluso si se plantea de forma altruista, la única manera de garantizarla sería en el entorno familiar. Y entonces podemos estar alterando los roles de la familia. Acabaría ocurriendo que tendríamos abuelas madres, tías madres, primas madres... Como en la familia empecemos a introducir elementos distorsionadores...
Muchos españoles la practican en países donde es legal. ¿Hay que impedir que registren en España a hijos obtenidos por esta técnica?
Si lo queremos legalizar para evitar que la gente se vaya fuera, la experiencia en países de nuestro entorno nos demuestra que la gente se sigue yendo fuera, porque en ocasiones lo que hay detrás es poner distancia entre la gestante y el niño, una distancia que genera menos posibilidad de afectividad y de conflictos. La solución legal, que no sería ética, no aportaría nada. Pero hay que dar una solución a los niños. Es verdad que es abrir una puerta falsa a permitirlo, pero lo que no puede ser es que se queden en un limbo.
¿La solución sería sancionar a las agencias?
Sí. Se está produciendo una contradicción, porque el acto es nulo, pero se puede comerciar con él. Una empresa que se dedique a promover la suscripción de contratos nulos es una cosa bastante insólita, pero el legislador optó en ese momento por esa solución, que yo creo que técnicamente no está bien. Estos contratos establecen unas cláusulas espeluznantes sobre los problemas que se pueden plantear durante el embarazo. Por ejemplo, si la mujer puede viajar o no, fumar, comer determinadas cosas, si el niño tiene una malformación quién decide si aborta... Hay espacios de la vida donde el negocio no puede entrar. La sociedad se ha mercantilizado y parece que los hijos se convierten en objeto de consumo. Cuando el niño es una parte del contrato, lo convertimos en un producto. ¿Si sale mal, de quién es la culpa?
¿Por qué en España nadie cuestiona que sea ilegal vender un riñón y hay sectores que piden que sea legal la gestación subrogada?
No es lo mismo donarle a alguien un órgano que cederle un hijo que tú has tenido en tu vientre, aunque sea con material biológico de un tercero. Desde un punto de vista clínico, una donación de órganos es algo más sencillo que un embarazo de nueve meses, que no es un proceso aséptico y puede tener complicaciones. Y también me preocupa el tema de la familia desde la ética: que mi padre me done un riñón es un acto de solidaridad que me va a ligar más a él, pero que mi hermana haya llevado a mi hijo me parece extraño.
¿Dónde se coloca en el debate sobre la legalización la prostitución?
Yo personalmente estoy en contra de la legalización porque no creo que haya una verdadera autonomía, salvo en casos excepcionales. Y legalizar cuando la autonomía es la excepción me parece un error. Aquí hay una explotación de la mujer. Y un problema: las prostitutas están ahora muy expuestas a enfermedades porque, como se ha perdido el miedo al VIH, les demandan más servicios sin preservativo. Luego no sólo se están poniendo en riesgo su libertad y su dignidad, sino también su salud.
¿Qué debe hacerse con los delincuentes sexuales a los que la psicología forense diagnostica con una alta probabilidad de reincidencia?
Buff. La prisión permanente revisable es constitucional. Otra cosa es que las condiciones de la revisión sean correctas o incorrectas. ¿Éticamente? Muchos compañeros míos defienden que no es correcta. Yo, desde un punto de vista personal, tengo la sensación de que el sistema penal lo hemos montado partiendo de un tipo de delitos y delincuentes que son reinsertables, y veo muchas dificultades en la reinserción de un depredador sexual. Una cosa es que la prisión permanente revisable se convierta en la regla general, lo que no es correcto, pero yo creo que puede funcionar en determinados tipos penales.
Podemos avala la castración química voluntaria, reversible y transitoria. ¿Está de acuerdo?
Tengo mis dudas, porque no sé si hay una verdadera libertad. Lo que sí que creo es que es un debate que al menos se debe plantear. Como también hay que pensar la universalización de la sexualidad a través de la web. Porque los chavales están idealizando un mundo y están ocurriendo las manadas. Se da la paradoja de que el hombre, por un lado, está intentado quitarse ese yugo de macho ibérico y, por otro lado, hay una industria que está ofreciendo unos roles absolutamente contrarios. El porno está haciendo muchísimo daño.
¿Se debería poner una asignatura de educación afectivo-sexual en los colegios?
Sí, aunque exige ser despolitizada. Porque le pasa como Educación para la Ciudadanía, como concepto es muy bueno pero hay que buscar un equilibrio entre el rol de los padres y el rol del Estado. Los padres tienen el derecho a la educación de sus hijos y el Estado también tiene el derecho a educar a los niños para que convivan en democracia. Estas propuestas deben partir de un pacto político. Si son propuestas de un partido al final van a ser confundidas.
¿Qué límites debe tener una legislación sobre eutanasia?
Como presidente del Comité, esperaremos a ver qué opina el Parlamento; como profesor, creo que es un debate complicado porque tiene dos áreas en las que trabajar. Una es la eutanasia en el marco de los enfermos terminales, que es el caso más excepcional y que creo que se puede resolver con una ley de cuidados paliativos, y otra es la del enfermo crónico. El Comité de Bioética de Alemania, que ha hecho un pronunciamiento en contra de la eutanasia, ha planteado reforzar todo el soporte psicológico a la cronicidad. El debate realmente para mí importante no es la eutanasia, sino cómo vamos a afrontar el envejecimiento. El sistema sanitario no está suficientemente preparado, porque le da mucha importancia a la enfermedad aguda y no tanta a los crónicos. No se trata sólo de vivir más, sino de vivir más con salud. La eutanasia se vende como una esperanza pero en ocasiones puede plantearse también como un fracaso de que algo ha fallado.
¿Es admisible éticamente no vacunar a los hijos?
Si es de las vacunas recomendadas y que se consideran beneficiosas, es un ejercicio incorrecto de la patria potestad. Los padres pueden decidir sobre sus hijos lo que quieran siempre que actúen en su mejor beneficio. Hay tres fórmulas: una es obligar a vacunar, lo cual es complicado; otra es educar y volver reforzar las campañas de las ventajas de las vacunas, que ya se está haciendo porque aquí hay muchos mitos, y una tercera en la que se está trabajando que consiste es incentivar a los padres con ayudas económicas, que pueden ser en especie.
¿Y penalizar a los padres que se niegan a administrar vacunas a sus hijos?
Hay países que hablan de multas. Pero yo lo que haría, y la ley lo tiene previsto, es retirarle temporalmente la patria potestad para vacunar a su hijo y después devolvérsela.
Por Rafael Álvarez y Olga Sanmartín
