La Agencia de Inteligencia de Argentina presuntamente espiaba las conversaciones del obispo Lugones y el papa Francisco
15 de junio de 2020
El máximo responsable de la Pastoral Social dice que se presentará como querellante en la causa. Algunos medios locales sostienen que el macrismo creía que Bergoglio le aleccionaba para rearmar al peronismo.
Según fuentes periodísticas, la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina espiaba ilegalmente las conversaciones del obispo de Lomas Zamora, Jorge Lugones, con el papa Francisco. Los agentes, impulsados por la administración de Mauricio Macri, sostenían que Jorge Mario Bergoglio aleccionaba al máximo responsable de la Pastoral Social en el país para rearmar políticamente al peronismo, según publican medios locales.
La causa del supuesto espionaje ilegal ha afectado a más de 500 personalidades de la Argentina, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner. En el ámbito eclesial, también han sido escuchados sin su consentimiento dos curas villeros.
Según explica Página 12, el juez Federico Villena le mostró al obispo las pruebas de que lo espiaban, que incluyen escuchas telefónicas, búsqueda de información sobre sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, rastreo de dinero en el exterior –sin ningún rastro encontrado– y sus charlas telefónicas con el papa Francisco.
Las mismas fuentes periodísticas dejaron entrever que los agentes querían supuestamente evitar que el también jesuita fuera elegido titular de la Pastoral Social, puesto que era una voz crítica en defensa de los pobres. Así, sospechaban que buscaba rearmar políticamente al peronismo de la mano de su hermano y sobrino; ambos son dirigentes políticos peronistas. Tanto Lucho Lugones, como Pablo Bruera y el obispo pedirán ser querellantes.
Denuncia de la CEA
La Iglesia en la Argentina ya ha condenado las supuestas escuchas ilegales. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado en el que pedía “desterrar de nuestra República estas acciones contrarias a los valores de la democracia y que afectan gravemente la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos”.
Por su parte, el Consejo Nacional de Justicia y Paz señalaba en un comunicado que “nada puede justificar las escuchas ilegales o las presiones que presuntamente se pretende ejercer sobre las víctimas de tales acciones”. Asimismo, expresaba el “repudio a procedimientos ilegales de cualquier índole”, puesto que “la democracia no admite subsuelos turbios que refugian y facilitan abusos y prácticas ilegales”.
Además, Justicia y Paz expresaba su apoyo a Lugones: “Nuestro aprecio y gratitud por su testimonio de pastor, su compromiso con los pobres y su permanente empeño en la construcción de un país cada día más fraterno y solidario”.
Por otro lado, el Departamento de Laicos de la CEA mostró su solidaridad con el obispo y “con los sacerdotes de la pastoral de barrios populares que fueron destinatarios de acciones que atentan contra los valores democráticos y republicanos”.
Para el laicado, estos hecho “nos hacen recordar a los tiempos más oscuros de nuestro país, cuando a tantos argentinos y también a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos se los perseguía y asesinaba por sus convicciones religiosas y su compromiso con los pobres”. Así, afirmaban que “ningún ciudadano argentino debería ser jamás objeto de escuchas ilegales por ningún motivo, ya que el respeto a la conciencia y a la libertad personal es algo que nuestra Constitución y nuestra tradición democrática consagran desde el inicio mismo de nuestra nación”.
También cerraron filas en torno al obispo sus curas. En una carta, manifestaron su “total solidaridad y comunión con nuestro obispo”. Al mismo tiempo, califican el espionaje como un “hecho impropio en cualquier democracia” que “nos invita a reflexionar y a reclamar por la verdad y la justicia para nuestro obispo y demás víctimas de tan lamentable situación”.
