El plan antiabusos del gobierno de España
6 de febrero de 2022
El Gobierno tiende la mano a los obispos para radiografiar la pederastia eclesial para encargar una auditoría a expertos independientes al estilo francés. El grupo socialista presentará esta misma semana una proposición no de ley y pondrá la cuestión en manos del ex ministro católico Ángel Gabilondo.
El Gobierno ya tiene elaborada su hoja de ruta para radiografiar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Se trata de una “comisión independiente de asesoramiento”, tutelada por el actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, integrada por expertos, representantes de administraciones públicas, de asociaciones de víctimas y de la propia Iglesia.
Así lo adelanta hoy El País con información facilitada directamente por el ala socialista del Ejecutivo, en la que detalla además que a partir de ahí se encargaría un informe al estilo francés con expertos independientes, con presencia de fiscales, psicólogos y profesionales en el acompañamiento a supervivientes de abusos.
Moncloa toma las riendas de la crisis de la pederastia eclesial, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española a llevar a cabo una auditoría histórica promovida en su seno. Después del tsunami mediático provocado por la denuncia pública del escritor Alejandro Palomares sobre las agresiones sufridas en su niñez en un colegio de La Salle, los socios de los socialistas en el Ejecutivo presentaron una iniciativa para crear una comisión parlamentaria y PNV lanzó otra propuesta de una comisión de expertos para analizar la cuestión.
El movimiento de Bolaños
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que pilota las relaciones con la Iglesia, dio orden al grupo socialista de poner freno y no precipitarse, puesto que en paralelo estaban buscando una solución propia. Y aunque el PSOE dio su visto bueno a la propuesta de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso, se negará a llevarlo al Pleno, puesto que pondrán toda la carne en el asador en esta nueva vía.
Esta misma semana los socialistas registrarán en el Congreso la propuesta y buscarán que se vote poco después para que se ponga en marcha sin demora. Se hará a través de una proposición no de ley en el Congreso que encomienda al Defensor del Pueblo la elaboración de un detallado informe sobre “las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. A partir de ahí, la comisión liderada por Gabilondo se pondría a trabajar y sus resultados se debatirían en el Congreso e incluiría recomendaciones para generar espacios seguros en los entornos eclesiales.
Decisión colegiada
Teniendo en cuenta las dos semanas vertiginosas de presión política, mediática y social, fuentes eclesiales consultadas por ‘Vida Nueva’, aprecian el gesto del Ejecutivo socialista de no actuar “al margen” de la Iglesia para abordar esta cuestión de intentar evitar, en la medida de lo posible, “el circo” tal y como han manifestado en estos días de puertas para adentro tanto Bolaños como Sánchez.
Eso sí, no se pronuncian sobre si aceptarán la mano tendida por el Gobierno, dado que consideran, se trata de una cuestión relevante, que debe adoptarse de manera colegiada. En cualquier caso, son conscientes de que, a estas alturas, se han visto atrapados en una “operación jaula”, donde cualquier opción resulta poco favorable para la reputación y credibilidad eclesial.
Aun así, desde la Iglesia se mira con prudencia estos nuevos movimientos del Ejecutivo socialista, por temor a que sea una “trampa”, después de la decepción vivida con el informe de las inmatriculaciones, donde Moncloa “no jugó limpio” ofreciendo una información falsa a los medios afines dando a entender que los obispos aceptaban devolver unos supuestos bienes apropiados indebidamente, cuando la realidad era otra. En este sentido, temen que se repita esa falta de lealtad institucional manifestada por el equipo de Pedro Sánchez.
Balones fuera
De la misma manera, las propias tensiones internas del Episcopado para afrontar esta cuestión hace que cueste maniobrar, máxime teniendo en cuenta que todavía son mayoría los obispos que no quieren abordar esta investigación externa, situando en el mismo plano en el ayer y hoy. O lo que es lo mismo, amparándose en el informe de la Fundación ANAR que solo recoge un 0,2% de abusadores vinculados a la Iglesia en la actualidad, para justificar que no es necesario llevara a cabo un análisis del pasado.
De hecho, ha sido el ministro de la Presidencia quien más ha insistido en que la Iglesia formara parte de estos trabajos, aportando toda la información disponible, las investigaciones ya realizadas y poner sobre la mesa aquello que sí se ha hecho en parroquias y colegios para denunciar la pederastia, acompañar a las víctimas y prevenir a futuro.
Alarma social
De hecho, Moncloa habría valorado incluso en estos días el argumentario constante de los obispos, que aducen que se trata de una lacra social y no solo eclesial. Y es que la Conferencia Episcopal Española insiste una y otra vez en que ahondar en las sacristías solo resuelve una parte del problema, pero alertan de que el foco mayoritario se encuentra en las familias. Sin embargo, Bolaños se habría decantado finalmente por analizar en este momento el problema circunscrito a la Iglesia dada la alarma creada en la opinión pública, desoyendo las peticiones episcopales.
En este sentido, también se pone en valor el hecho de que la persona elegida para acompañar estos trabajos sea Ángel Gabilondo, político socialista que cuenta con “bendición” eclesial. No hay que olvidar que, como ministro de Educación, estuvo a punto de lograr el primer pacto de consenso para sacar adelante una reforma de la enseñanza. Además, conoce en primera persona el engranaje eclesial, en tanto que se sabe cristiano, fue religioso corazonista y cuenta con una hermana misionera.
Planificación de políticas públicas
La proposición no de ley señala literalmente que “el Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, que proceda a elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, con el apoyo de una comisión independiente de asesoramiento formada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia católica”.
En el documento se plantea como objetivo de esta comisión “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas, y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia católica”.
“Tal informe será finalmente remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España, para la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con aquel objetivo”, remata el texto.
