El Congreso de España aprueba la reforma del Código Penal para castigar que se rece ante las clínicas abortistas

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox, que han votado en contra, la ley orgánica que reforma el Código Penal para castigar con penas de cárcel a las personas que acuden a las inmediaciones de las clínicas abortistas para rezar y ofrecer ayuda a las mujeres.

Según el texto impulsado por el PSOE, los «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres» serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de seis meses a tres años.

Además, el dictamen de la Comisión de Justicia aprobado incorpora dos cambios introducidos fruto de una enmienda transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos para que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.

La portavoz del PSOE en materia de Igualdad, Laura Berja, ha celebrado el apoyo a este texto impulsado por su partido y ha lamentado que PP y Vox hayan elegido el bando «de los acosadores». Para la diputada, PP y Vox están «señalando» a las mujeres del país que han abortado.

Por el contrario, el PP ha advertido del «sectarismo» del Gobierno de Sánchez. Su portavoz en este debate, Teresa Angulo, ha mostrado su «preocupación» por la «degeneración» y el «achicamiento del espacio de libertad» que existe desde que está en la Moncloa el actual Ejecutivo.

«No es un problema real»

Para los populares esta es una norma de «claro sesgo ideológico», que «no es un problema real» de los ciudadanos y limita la «libertad de expresión». Además, ha advertido Angulo, el acoso «ya está penalizado» y, a su juicio, en estas concentraciones ante las clínicas «nadie ha impedido hacer a nadie lo que ha querido».

Mientras, para Vox, está pasando «algo muy grave en este país» cuando se quiere penalizar una «conducta pacífica» como la del movimiento provida que, según ha explicado la diputada Lourdes Méndez, «ayuda, informa, reza y consuela» ante las clínicas abortivas, que ha calificado como «centros de exterminio».

Méndez ha denunciado que esta ley «atenta contra las libertades para eliminar al disidente» y se condena a personas que «de manera pacífica» protestan ante «una ley injusta» como es la del aborto. En su opinión, lo que sí es un delito es la «inducción al aborto» que se produce cuando a las mujeres que acuden a la sanidad pública con dudas sobre su embarazo «la única opción» que les dan es el aborto. «Recurriremos al Tribunal Constitucional», ha apuntado Méndez.

El texto aprobado será ahora remitido al Senado para que continúe allí su tramitación. Se podrán introducir cambios o aprobar la reforma tal y como estará planteada. Con esta segunda opción, no tendrá que volver a la Cámara Baja.

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