Seis años después de llegar en patera fue bautizado por el Papa

Su padre desapareció en 2017 en los tráfagos de la guerra. Una víctima más de la violencia silenciosa que carcome la sociedad de Nigeria y le impide despegar. A sus 25 años, Destiny Chigoziem Osonyeokele había visto demasiado sufrimiento. El vacío desgarrador lo empujó a huir de una tierra yerma de futuro. «Solo quería buscar una vida mejor», esboza con timidez. Su reconstrucción de lo que pasó es borrosa. «Es una historia muy triste, no se puede explicar con palabras», asegura con el tono de voz de quien se siente pertenecer al grupo de la mansedumbre derrotada. Su huida es como la de tantos otros chavales de su país, un monumento al coraje y a la fortaleza.

Con el corazón oprimido y sin saber si iba a volver a ver a sus hermanos y a su madre, salió de madrugada en un autobús desde Ciudad Benín, la urbe más grande del estado de Edo, en el sur del país, hasta Kano (Níger). De allí, en otro vehículo, atravesó el desierto del Sáhara hasta que finalmente logró llegar a Trípoli (Libia). 20 días de viaje infernal. En la capital libia conoció a otros nigerianos y encontró trabajo de limpieza en una casa. Afrontó primero el muro del racismo y, después, las vejaciones de la Policía en un centro de detención. «No eran muy amables conmigo», desliza sin entrar en detalles. Estuvo cuatro meses encallado en el país magrebí, donde los abusos y la extorsión son la moneda corriente para las personas sin papeles en tránsito. De aquellos días solo explica que dormía poco, siempre alerta, «por si tenía que salir corriendo».

Entonces llegó su oportunidad. Subió junto a otras 130 personas, entre ellas mujeres y niños, a una patera cochambrosa que partió desde la costa de Trípoli. «Tenía mucho miedo. Rezaba sin parar. Podía morir o vivir», explica. Aguantó durante cinco horas, ovillado en aquella barcaza, el frío, la oscuridad y los embates del oleaje hasta que los avistó la Guardia Costera: «Eran como hijos de Dios. Así los recibimos, porque habíamos rezado por ello. Nos llevaron a la costa, nos dieron ropa seca y comida caliente. Mi mayor alegría y felicidad es que Dios escuchó nuestras plegarias. Todos sobrevivimos».

Desde Catania, en Sicilia, fue transportado a Roma, donde fue acogido por Cáritas. Primero frecuentó la iglesia de los pentecostales, pero después se acercó hasta la parroquia romana de santa Isabel y san Zacarías. Esa experiencia le cambió la vida. Pocos meses después, mostró al párroco su interés por bautizarse. Lo que nunca había imaginado es que sería el Papa Francisco quien oficiase el rito durante la Vigilia Pascual: «Me sentí muy feliz y agradecido. Sé que ha sido obra de Dios. Cuando lo pones a Él en primer lugar, no hay nada imposible». El domingo de Pascua —un día después— cumplió 31 años con una preocupación en ciernes: su visado temporal caduca a mediados de mayo y si no encuentra un trabajo, pronto podría ser deportado. «Confío en que Dios me echará de nuevo una mano», dice.

La ruta del Mediterráneo central, que conecta Túnez y Libia con Malta e Italia, es la más mortífera. En el último trimestre se ha alcanzado otro deshonroso récord con 441 personas fallecidas. Hasta el 11 abril, las llegadas por mar a Italia han sobrepasado las 31.290. Lo que supone cuatro veces más respecto a 2022, cuando arribaron a las costas del país 7.928 personas. Amparado en estas cifras, el Gobierno italiano ha decretado el estado de emergencia nacional durante los próximos seis meses. Un resorte político —que también activó en febrero de 2022 para hacer frente a la acogida de refugiados ucranianos tras la invasión rusa— que, de momento, es una página en blanco. El Ejecutivo de Giorgia Meloni no ha aclarado sus consecuencias más allá de su intención de descongestionar los centros de acogida, desbordados desde hace años, y de potenciar los sistemas de identificación y repatriación de los migrantes sin derecho a quedarse en Italia. Estará dotado con cinco millones de euros, pero la letra pequeña sigue siendo un misterio.

Lo que sí está claro es que no se están potenciando los canales de migración regulares. Este año, las empresas italianas han solicitado 240.000 visados de trabajo para personas en situación irregular, pero el cupo previsto por la ley solo permite la concesión de 82.705. Además, el Gobierno ha anunciado su intención de eliminar la protección humanitaria específica. Para el responsable del Área Social, Inmigración e Internacional de la asociación Arci, Filippo Miraglia, la abolición de esta tutela especial para los migrantes —un carril preferencial que acelera los trámites de asignación del visado y que está presente en 18 países de la UE— supondría 40.000 personas más en la irregularidad cada año. «Se traduciría en más trabajo en negro y evasión fiscal, además de aumentar el malestar social. La solución a un problema estructural tan grave no puede ser la reducción de los mecanismos de auxilio ni medidas temporales», asegura el experto. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la acogida de refugiados pesa, especialmente, en países como Turquía, Pakistán, Líbano o Uganda.

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