Políticos de distintos partidos unen fuerzas en Chile contra la gestación subrogada

La asociación Declaración de Casablanca ha aplaudido la iniciativa de un grupo transversal de diputados chilenos de distintos partidos que han presentado esta semana una iniciativa legal para prohibir en el país toda forma de gestación subrogada. El proyecto pretende reformar el Código Penal y el Código Civil con el argumento de que esta práctica vulnera la dignidad de las mujeres y niños y mercantiliza la gestación.

Se trata de una iniciativa que presentaron los parlamentarios Juan Irarrázaval (Partido Republicano, conservador), Héctor Barría (Democracia Cristiana, centro reformista), Ana María Bravo (Partido Socialista), Felipe Donoso (Unión Demócrata Independiente, derechas), Helia Molina (Partido por la Democracia, centroizquierda), Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano, conservador), Ximena Ossandón (Renovación Nacional, conservador liberal), Jorge Saffirio (Demócratas, derecha), junto con la diputada Consuelo Veloso (Frente Amplio, izquierdas; el partido del presidente Gabriel Boric).

«Nos parece muy bien justamente porque tiene ese aspecto transversal sin identificarse con un solo grupo político», asegura a Alfa y Omega Bernard García Larraín, uno de los responsables de esta organización que promueve que esta práctica sea perseguida internacionalmente. De hecho, así se pone en evidencia que son miembros de «la mayoría de los partidos los que quieran trabajar y para proteger a las mujeres y a los niños de este mercado internacional».

De acuerdo a la moción presentada por los parlamentarios, el texto busca prohibir «todo tipo de práctica que involucre que una mujer geste uno o varios niños con el fin de que sean entregados a un tercero luego de nacer». Esto se aplicará «cualquiera sea su denominación y la convención que dé origen a él, e independiente de si media o no remuneración o promesa de ella».

Contratos nulos

La iniciativa legal modifica el Código Civil para declarar nulo de pleno derecho todo contrato por el que se convenga la gestación a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de otra persona, sea contratante o un tercero ajeno al contrato. Según explicó el diputado autor del proyecto, Juan Irarrázaval, «es muy confortante hoy, con una bancada transversal, presentar un proyecto para defender la dignidad de las personas, en particular de las mujeres, prohibiendo la práctica de la maternidad subrogada».

Celebró que «a pesar de nuestras diferencias, tenemos un objetivo común como es impedir la mercantilización de la persona en pro de su dignidad». Este negocio de los vientres de alquiler, añadió, «ha desarrollado una inescrupulosa industria que mueve millones de dólares a nivel mundial. Chile, que fue el segundo país en la historia en abolir la esclavitud, con la integridad de este proyecto, se pone nuevamente como referente ante el mundo para combatir la trata de personas».

Irarrázaval subrayó que «pretendemos prohibir todo tipo de maternidad subrogada ya que la experiencia internacional dice que las llamadas subrogaciones no comerciales se prestan para camuflar esta práctica comercial de manera ilegal dejando aún en peor indefensión en particular a las mujeres más vulnerables». Esto se realiza sin tener en cuenta a los niños, que «son víctimas de una orfandad planificada, como dice la activista Olivia Maurel, que lidera esta lucha a nivel internacional».

Además, el proyecto sugiere tipificar en el Código Penal diversas prácticas relacionadas con la gestación subrogada: hacer de intermediario entre una persona o pareja que desee adquirir un niño y una mujer que acepte gestarlo; o realizar, organizar o publicitar la comercialización de gametos o embriones o la maternidad subrogada. Asimismo, el texto propone sancionar al facultativo que intervenga de cualquier forma en un proceso de gestación asistida con el propósito de dar lugar a la maternidad subrogada; al que intermediare, organice, realice o publicite a la mujer como vientre de alquiler, y a quien capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la maternidad subrogada y la venta de niños. Para ello se propone incluso persecución internacional.

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