Buenos Aires, 16/03/07 (La Nación) - La violencia e inseguridad existentes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires se han agravado por el recrudecimiento de las denuncias de los denominados secuestros virtuales, que en su mayoría tienen su origen en comunicaciones telefónicas realizadas desde cárceles bonaerenses. Lo admitió el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, preocupado además por el reiterado secuestro de teléfonos celulares ingresados ilegalmente en esas cárceles. Tales aparatos serían utilizados con la misma perversa finalidad: fraguar la historia del rapto de algún familiar o allegado de la persona que recibe la llamada.
Al no existir registros, sólo es factible documentar los casos a partir del pedido de investigación de las fiscalías en las cuales han sido radicadas denuncias por esos hechos ilícitos. Es lamentable y hasta penoso que Díaz haya reconocido que no hay mecanismos eficaces para detectar y, consecuentemente, poder controlar esa modalidad delictiva. "No podemos grabar las conversaciones -aseguró- porque ese control traería aparejados problemas judiciales por la violación de la privacidad de los internos." Sólo por pedido de la Justicia se puede determinar el pabellón desde el cual fue emitida la comunicación y el horario en que fue realizada.
Ahora han sido tomadas algunas medidas específicas, como la instalación de un sistema de alerta en los teléfonos de las cárceles que le indica al receptor de la llamada que la comunicación procede de un determinado pabellón carcelario. De este modo, quien recibe esa llamada no esperada podrá cortar de inmediato la comunicación.
Asimismo, está contemplado instrumentar un registro en el que figuren el nombre del interno que utilizó el servicio y el horario en que lo hizo.
El año último, el gobierno provincial había anunciado la instalación de cámaras de video para grabar permanentemente el uso de los teléfonos públicos que funcionan dentro de los pabellones, aunque hasta el momento la medida no pudo ser concretada. Sin duda, su efectivización aportará un registro inapelable de la utilización de los aparatos con tan torcidas intenciones.
De acuerdo con fuentes judiciales, los pedidos de rescate por secuestros virtuales no superan los 2000 pesos y, en general, se ubican en valores mucho menores. Lo más común es que se pida la compra de tarjetas magnéticas de telefonía, cuyos códigos deben ser dictados por teléfono por la víctima a cambio de lo que el falso secuestrador promete: la liberación de quien nunca estuvo secuestrado. Pero la cuestión no está dada por los costos, sino por el mal momento que deben padecer quienes son víctimas de esa exacción, inferida, precisamente, por detenidos en cárceles cuyos control y custodia son obligación irrenunciable del Estado.
Las autoridades deben darle urgente solución a esta felonía, asumiendo la decisión política de erradicarla y utilizando para ello cuanto recurso técnico fuese menester. Fundamentalmente, porque esos mecanismos de solución se encuentran al alcance de funcionarios presuntamente responsables no sólo de la guarda, sino también de la reeducación de los detenidos.
Resulta paradójico que no se pueda combatir la delincuencia ni siquiera dentro de las unidades carcelarias, lo cual no habla en favor de los organismos especializados y, más bien, resulta vergonzoso. El Estado debe prever los medios para que quienes están privados de su libertad puedan tener las garantías de habitabilidad y reeducación, pero también garantizar que la sociedad pueda vivir en paz sin padecer estos delitos, que podrían ser erradicados si alguien tuviese la voluntad de lograrlo y la capacidad de decisión para hacerlo.