Si das una colleja a tu hijo podrías ir a la cárcel
21 de noviembre de 2007
La modificación del Código Civil no hará distinción entre un caso de maltrato y un azote para corregir una conducta extrema del niño
Forum libertas, 21/11/07-
Prácticamente cualquier adulto tiene clara la diferencia entre que un padre dé un pescozón a su hijo pequeño para corregir una conducta extrema, o protegerle de un potencial peligro, y ser un maltratador. Sin embargo, está previsto que una modificación del Código Civil, sin contemplar distinciones, haga que quien propine un pescozón a su hijo pueda ir a parar a la cárcel.
Todo depende de que se apruebe definitivamente el Anteproyecto de Ley de Adopción Internacional, actualmente a debate, que incluye la modificación del artículo 154 del Código Civil que establece la potestad de los padres o tutores para “corregir razonable y moderadamente” a sus hijos.
Hasta ahora, los jueces podían determinar si un sopapo de los progenitores a su hijo estaba justificado o no; si se aprueba la modificación del artículo 154, los padres no podrán ejercer su potestad de corregir una conducta inadecuada de su hijo mediante un cachete ni nada que se parezca.
La reforma de este artículo ha sido negociada por la organización Save the Children con el Ministerio de Asuntos Sociales, quien “tenía claro” que había que suprimir el texto en cuestión.
Ya hay un marco legal que les protege
El artículo 154 establece que “Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”.
Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Adopción Internacional “modifica también varios artículos del Código Civil. Los apartados IV y V de esta nueva Ley de Adopción internacional subrayan que los padres y tutores han de ejercer sus funciones respecto de sus hijos y pupilos respetando su integridad física y psicológica, pues ni la patria potestad ni la tutela pueden justificar que se les inflijan malos tratos de ningún tipo. En este sentido, el Código Penal castiga especialmente condenas entre dos y cinco años a quien cause a un menor lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física y mental”.
Llama la atención el hecho de que, actualmente, los derechos del niño ante cualquier acto de violencia física ya tienen un marco legal que les protege; así lo indica claramente el Código Penal. La redacción del artículo 154 permitía hasta ahora a los jueces valorar donde acababa una acción correctiva de los padres y empezaba la violencia física.
Con éste y otros cambios legales puestos en marcha por el Ejecutivo de Zapatero, da la impresión de que el Gobierno pretende que los padres se limiten a dar de comer y mantener físicamente a sus hijos y poco más.
Recortes en los derechos
Todo apunta a un proceso de recorte de los derechos de los padres en cuanto a la educación de los hijos y a su función de guía y acompañamiento en las formas de comportamiento de los jóvenes. El Estado se erige así en su principal valedor y asesor.
Ya ha sucedido en materia de educación moral y sexual. Por ejemplo, con la imposición de la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC); limitando los derechos de los padres a elegir el centro escolar más acorde con sus convicciones; o creando la figura del adolescente maduro, que le permite tomar anticonceptivos, la píldora del día después, abortar, mantener relaciones heterosexuales u homosexuales siendo menor con un adulto, o consumir drogas, sin el permiso paterno.
Sorprende esa emancipación sexual, a partir de los 13 años, cuando para beber alcohol, entrar en ciertos locales para adultos, votar, o conducir, los jóvenes han de tener entre 16 y 18 años.
Cabe recordar que las propias administraciones fomentan muchas veces la precocidad de los adolescentes en materia sexual, como en el caso de los folletos de sexo infantil distribuidos por la de la Generalitat de Catalunya.
Indefensión de los padres
Al mismo tiempo, la modificación del artículo 154 del Código Civil no hace otra cosa que colocar a los padres en una situación de indefensión fuera de toda lógica, al confundir su legítima autoridad con el censurable autoritarismo.
Sirva como ejemplo el caso de una sentencia revocada recientemente y que quizás no se habría podido corregir con la nueva normativa. Un juez de Alicante impuso el pasado mes de abril una condena de tres meses y 21 días de prisión y una orden de alejamiento de más de 15 meses a un padre por dar un zapatillazo a su hija después de que ésta le diera una mala contestación.
Ante lo exagerado de la condena, la Audiencia Provincial de Alicante revocó en agosto la misma por considerar que, más que violencia doméstica, la agresión habría sido fruto de un exceso en el derecho que tienen los padres a corregir a sus hijos.
El fallo añadía que cualquier exceso que se pueda ejercer en ese marco pertenece más a la esfera del derecho de familia y no debería de enmarcarse en la jurisdicción penal. También consideraba que no hubo intencionalidad delictiva por parte del progenitor.
Por otra parte, la deriva totalitaria del Gobierno al entrar a judicializar las relaciones de familia ya se ha hecho evidente con la Ley de Violencia de Género: una simple denuncia por maltrato psicológico y el marido puede ir a la cárcel. Además, la ley no deja lugar a la conciliación.
Al no ir a las causas profundas que se esconden tras la violencia doméstica, el Gobierno no sólo no ha conseguido reducir los feminicidios en España, que han aumentado, sino que además ha colapsado los juzgados con una avalancha de denuncias que, en muchos casos, sirven de excusa para agilizar con ventajas un proceso de separación. Los jueces, así, tienen más problemas para distinguir entre los casos realmente graves y los que no lo son.
El dilema de dar una colleja
Los especialistas no acaban de ponerse de acuerdo en si un pescozón a tiempo es conveniente o no. Sí coinciden en afirmar que un bofetón no es la forma más adecuada para gestionar un conflicto, pero no son pocos los que reconocen que un cachete en la nalga a tiempo puede evitar pasar a problemas mayores.
Dolors Petitbó, jefa de la sección de Psicología del hospital Sant Joan de Déu, opina que, aunque “en principio” el cachete no es un buen modelo, si en algún momento concreto, en una situación límite, un padre da una bofetada a su hijo, “tampoco lo va a traumatizar de por vida”.
“Si en un momento concreto, no como sistema, los padres no pueden hacer otra cosa que pegar al crío, es una opción que pueden ejercer pero siempre con autocontrol”, añade.
También, Emil Coccaro, jefe del departamento de Psiquiatría de la escuela Pritzker de Medicina de la Universidad de Chicago, experto en agresividad impulsiva, mostraba su opinión al respecto en una entrevista publicada este martes, 13 de noviembre, en el diario LA VANGUARDIA.
Ante el debate abierto en España por la noticia de “legislar las collejas a los niños”, Coccaro opina que “lo importante es educar a los padres. ¿Cómo? Con divulgación, explicando todos esos sistemas alternativos al tortazo”.
“Los padres deben aprender a poner límites antes de que las cosas se les vayan de las manos y advertir al niño de que si cruza el límite tendrá un castigo. Lo ideal es quitarle cosas que le gustan”.
“¿Nunca le ha dado una colleja a su hijo?” –pregunta el entrevistador-. “Sí, pero sigo pensando que hay mejores maneras de educar. Aun así, opino que darle una colleja a tu hijo no es tema legislativo”, agrega.
Un último apunte nos indica que la mayoría de los ciudadanos son de la opinión de que “un cachete a tiempo a un hijo puede ser útil en su educación”.
Esa es la pregunta de un sondeo realizado por LA VANGUARDIA en forma de “contador” a la que han contestado más de 2.750 personas. El 87% están a favor, frente a un 12% que opinan que ‘no’ y un 1% que no sabe o no contesta.
