La Comunidad valenciana es una de las que más gasta en subvenciones a las clínicas abortistas, cuya supuesta legalidad ha quedado en entredicho tras los escándalos de las clínicas del Dr. Morín e Isadora de Madrid. Y también resulta paradójico que los adoptantes en el extranjero deban gastar sumas muy superiores a 500 euros para adoptar a un niño, si bien los intermediarios sí gozan del reconocimiento y protección legal. “Todo ello produce un enorme desconcierto y alarma social que está llevando a los ciudadanos más desfavorecidos a actuar al margen de la ley para procurar una solución justa y razonable a los embarazos no-deseados y al problema de la esterilidad”, afirma Pilar Gutiérrez. “El caso de Cullera/Denia probablemente sea sólo un exponente de un problema a mayor escala, como demuestra la existencia de otros dos casos recientes. Y es lamentable que el gobierno practique una política represiva en lugar de responder al clamor popular por una reforma de la ley que agilice y facilite la adopción de niños no-deseados por parte de padres que tanto lo desean”.