PSOE e izquierda crean en el Congreso su propia comisión pro-aborto (España)
24 de septiembre de 2008
Con voto en contra del PP -y favorable del PNV- buscarán los "trucos" para sortear el dictamen constitucional de 1985.
Forum Libertas, 19/09/08 -
El Gobierno socialista sigue jugando a crear la imagen de "consenso" y "pluralidad" para la nueva ley del aborto. A la Comisión de Expertos abortistas del Ministerio de Igualdad (todos del mismo color, como analizábamos aquí) y a los bioéticos de la Generalitat de Cataluña (puestos a dedo y casi todos abortistas como explicamos aquí) ha decidido añadir una subcomisión del Congreso de los Diputados, es decir, una comisión de políticos cuyos votos tengan un valor proporcional a su presencia en el Congreso.
Dicho de otra forma, la subcomisión del Congreso dirá lo que el PSOE con sus aliados de izquierda (IU, ICV, BNG, ERC) acuerden.
Votaron a favor de crear esta comisión los socialistas y sus aliados de izquierda. El PP votó en contra. La representante de CiU, Mercé Pigem, veterana militante de la ideología de género, el homosexualismo político y favorable al aborto, se abstuvo, porque su grupo parlamentario no tiene una postura común. Cada diputado de CiU, cuando la ley llegue al pleno del Congreso, votará en conciencia. Ella siempre ha votado a favor del aborto.
La sorpresa vino del Partido Nacionalista Vasco, que pese a tener un electorado similar al de CiU, en vez de abstenerse votó a favor de crear esta comisión, quizá por suavizar sus tensas relaciones con el PSOE en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Sandra Moneo, la portavoz del PP, dijo que aunque el Gobierno habla de diálogo, en realidad los socialistas "tienen ya tomada la decisión" y "ya han dicho que quieren una nueva ley y no les importa el consenso que haya".
El gran problema: la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985
El PSOE, la izquierda, las clínicas abortistas y los ideólogos de género querrían aborto libre y sin causas. Que toda mujer que quiera abortar pueda abortar, sin límite alguno.
Por desgracia para ellos, esto no puede ser, porque la Constitución (según explica la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985) considera que el "nasciturus" es un "bien jurídico" cuya vida debe protegerse. La Constitución (según el Constitucional) sólo permitiría excepciones en caso de "grave riesgo para la salud de la madre", "graves malformaciones del feto" y "violación".
De ahí nacen los 3 supuestos de la ley actual, que hacen que el 97% de los abortos sean un fraude de ley que se acogen al coladero de "riesgo para la salud psíquica de la mujer". Sin este coladero, en España, en vez de 100.000 abortos anuales habría sólo unos 3.000... que son, curiosamente, los que se practican en los hospitales públicos. Los psiquiatras que firman "certificados-coladero" son los vinculados a ese 97% de abortos de las clínicas privadas.
Por lo tanto, una ley "sin límites" no pasaría el filtro del Constitucional. Se busca una ley de plazos pura (aborto libre, sin causa, dentro de unos meses) o un cuarto supuesto, otro coladero como "riesgo socieconómico" o similar. Pero la sentencia del Constitucional de 1985 es muy estricta y probablemente esto tampoco funcionaría.
La experta del Ministerio de Igualdad en "constitucionalizar lo inconstitucionalizable" es la abogada María Durán Febrer (del lobby EWLA y la asociación Themis), que tendrá que hacer encaje de bolillos para justificar un "aborto sin causa" cuando el nasciturus es un "bien jurídico protegible". Pero sin duda los diputados abortistas de izquierda también querrán aportar sus ideas mediante la nueva comisión.
Los 4 fallos de la legislación desde 1985 (que persistirán en la nueva legislación)
Josep Miró i Ardèvol, presidente de la Asociación E-Cristians, que es parte de la acusación contra la presunta red de abortos internacionales del doctor Carlos Morín, ha señalado 4 fallos que tiene la legislación actual (o al menos su aplicación) y que van a seguir existiendo.
1- Con la ley de 1985 hay un inmenso fraude de ley y miles de casos ilegales. Y los seguirá habiendo. Está el coladero del "riesgo psíquico" (con los formularios psiquiátricos pre-fabricados y firmados que lo justifican todo). Y está la "anomalía fetal grave": ¿es grave el labio leporino, el pie zambo? ¡Se arregla con cirugía! ¿Es grave el enanismo, o que falte un brazo? Es otro coladero. Con la ley de 1985 no hay mecanismos legales para que se cumpla lo establecido por el Constitucional. Y con la nueva legislación tampoco. No importa mucho lo que se legisle: seguirá habiendo abortos ilegales y no habrá mecanismos para detectar ni combatir las ilegalidades. Porque no interesa, por supuesto.
2- El Constitucional habla de informar bien a las mujeres sobre qué es el aborto y qué alternativas hay. No se hace ni se hará. No se explica a la mujer cómo es un aborto, cómo es su hijo (su desarrollo, capacidades...), no le dejan ver ni la imagen ecográfica del bebé en riesgo de ser abortado, no se explican las consecuencias del síndrome post-aborto, ni las complicaciones físicas posteriores. Se pide a la mujer que elija "con libertad, con su responsabilidad"... pero ¿qué libertad o responsabilidad puede tenerse si no sabe nada de su feto, de lo que es un aborto, de sus complicaciones y consecuencias y riesgos? No hay verdadero "consentimiento informado".
3- Tampoco se remite nunca a la mujer a recursos alternativos, que le apoyen para tener el niño, recursos que las administraciones, de hecho, no han querido crear ni apoyar después de 23 años y un millón de abortos, pese a que el Constitucional lo proponía ya en 1985.
4- La nueva ley (como la legislación de 1985) no recogerá algo que el Tribunal Constitucional insiste: que el aborto no es un derecho, sino un daño. Es daño para el nasciturus, para la mujer y, especialmente, para la sociedad entera. Cada persona que nace en España aportará al país 440.000 euros (de 2002) a lo largo de su vida (ver el informe “Impacto Económico del Aborto” de la Universidad Abat Oliba). Esos euros dan renta al país, dan consumo al mercado, dan impuestos al Estado y dan cuotas a la Seguridad Social.
Cada niño abortado nos roba 440.000 euros a todos los españoles. Actualmente, por cada 5 partos hay un aborto. Pero en 10 años, por cada 3 partos habrá un aborto. Económicamente, es una ruina social. Sólo las empresas abortistas se forrran con esta política: Morín ganaba 36.000 euros al mes en dinero negro.
