Escandalosa condena al juez Ferrín Calamita

Hazte Oir, 23/12/08 - El juez de Murcia, acusado de una supuesta prevaricación en relación a la adopción de una menor por la pareja lesbiana de la madre biológica, ha sido condenado a más de dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, más una indemnización de 6.000 euros a las demandantes.La sentencia condenatoria, hecha pública el mismo día en que se conoce que la multa al juez Tirado se mantiene en los 1.500 euros fijados en su momento, es completamente desproporcionada y escandalosa, si consideramos que la omisión de Tirado costó la vida de la niña Mari Luz, mientras que en el caso de Ferrín sus actuaciones estuvieron guiadas por el imperativo legal del bien superior del menor. 

Ya en marzo de 2007 HO mostró su apoyo al juez Fernando Ferrín, que otorgó la custodia de dos niñas a su padre, moviéndole siempre "el interés supremo de la menor", entre otras razones por considerar que la convivencia con su madre y su pareja, otra mujer, podría perjudicar a la formación de las niñas. HO envió al Juez un ejemplar de su libro No es igual: Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo, para que pudiera aportarlo en su defensa.

Resulta evidente que esta sentencia condenatoria responde a intereses mediáticos y políticos favorables a imponer a la sociedad la nueva revolución cultural emprendida por los diversos Gobiernos de ZP desde 2004. Aún pendiente de resolvwer el recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma que permite a parejas del mismo sexo la adopción, no existen garantías sufucientes para proteger el interés superior del menor, que sí es de obligatoria consideración en todo nuestro sistema judicial.

Profesionales por la Ética resume perfectamente lo escandaloso de esta sentencia en un reciente comunicado de prensa:

Caso Ferrín: la ideología por encima de la ley

La legislación española sitúa el interés superior del menor como principio básico del ordenamiento jurídico, tal y como lo establece, entre otros, el Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Niño, ratificado por España. En su Artículo 3.1  de dicho Convenio se establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

El juez de Familia Fernando Ferrín Calamita, ante la petición de adopción de una menor por una lesbiana unida legalmente con la madre de aquélla, y siguiendo el mandato de la ley, recabó informes psicosociales sobre la adoptante. Sin embargo, el citado juez se encontró con una ausencia de informes psicosociales solventes que le permitieran cumplir con el mandato que le impone el ordenamiento jurídico de velar por el interés superior de la menor.

Sin embargo la contaminación ideológica que ha tintado el caso, ha culminado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia fechada hoy 23 de diciembre, que condena al juez mencionado por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual a la pena de inhabilitación especial para cargo público por 2 años, 3 meses y un día, y una indemnización de 6.000 euros para la querellante.

Ante este hecho, Profesionales por la Ética quiere manifestar lo siguiente:

1)    Causa una verdadera alarma social el nivel de manipulación interesada del caso por los grupos de presión homosexual que perjudica  seriamente la imparcialidad de la justicia al admitirse que se coloque la ideología de género por encima del interés superior del menor, contrariando lo establecido en nuestro Derecho.

2)    Es inaceptable la ausencia de libertad que la presión de una minoría activista homosexual está originando en la labor extremadamente importante de jueces y otros funcionarios públicos,  que con profesionalidad quieren seguir las exigencias impuestas por la ley.

3)    Exige la imparcial aplicación de la ley y la tutela del interés superior del menor, aun cuando éste interés sea contrario a las pretensiones de los ideólogos y activistas de género.

Ante esta escandalosa sentencia, HO y otras entidades van a abrir una cuestación popular para cubrir el importe de la indemnización fijada contra Ferrín Calamita, al tiempo que promoverá todas las actuaciones que estén en su mano para conseguir que los posibles recursos venideros restituyan completamente eel honor y la dignidad de este magistrado intachable.

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