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REDACCIÓN HO Y ZENIT.- El Departamento de Servicios de Salud y Humanitarios del gobierno de los Estados Unidos concedió fondos al Servicio de Migraciones y Refugiados para su programa de lucha contra el tráfico de seres humanos. Según la denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles, estos fondos deben emplearse en el aborto y la contracepción, ya que ambas prácticas constituyen, según esta asociación, un servicio necesario para las víctimas de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas.
Según Monseñor John Wester, obispo de Salt Lake City, la demanda no tiene ningún sentido ya que la Iglesia posee en Estados Unidos una red de asistencia social excelente "y así lo ha reconocido el Departamento de Servicios de Salud y Humanitarios". Los servicios católicos asistenciales para emigrantes y refugiados proporcionan "alimentos, refugio, servicios legales, coordinación con la ayuda legal, visitas médicas, tratamientos de salud mental, planificación segura, atención a los niños, ayuda para la inserción laboral, y acceso a beneficios por su situación, tales como ayudas públicas a los refugiados".
Para el obispo responsable de estos servicios, la denuncia responde a una forma de pensar que "se ha extendido en las políticas públicas, que se ha inoculado en las leyes federales durante décadas, tanto en los Parlamentos de las administraciones demócratas como republicanas", y defiende que la Iglesia seguirá ejerciendo su labor con respeto a la dignidad humana: "El 'servicio' que la ACLU querría forzar a pagar a los contribuyentes -ha declarado Monseñor Wester- afectaría, en lugar de favorecer, a la dignidad de esta gente, en situación de extrema necesidad en nuestra sociedad.
No ayuda a las víctimas del tráfico descalificar a la Iglesia, en su convenio con el Departamento de Servicios de Salud y Humanitarios sólo porque no ofrecerá servicios que faciliten el aborto o la contracepción". El obispo de Salt Lake City preside la Comisión de Migración de la Conferencia Episcopal norteamericana, que denunció al gobierno Bush por su ley de inmigración, a la que calificó de "hipócrita" al no proteger los derechos de los trabajadores.