Aceprensa,14/04710 - Desde este mes, todos los niños indios de 6 a 14 años tienen que ir a la escuela. En realidad, eso ya lo decía la Constitución en una enmienda de 2002, pero con la nueva Ley del Derecho a la Educación, que acaba de entrar en vigor, se pretende hacerlo efectivo exigiendo, entre otras cosas, el concurso de la enseñanza privada.
Apenas la mitad de los niños indios de 6 a 14 años completan ocho años de estudios. El interés por la educación es fuerte y muy extendido, pero ni el Estado tiene capacidad para escolarizar a todos, ni en muchos casos las familias pobres pueden prescindir de la ayuda de sus hijos para ganarse el pan. Así, en el nivel primario faltan unos 8,1 millones de alumnos que deberían estar matriculados.
Según la nueva ley, el gobierno central y los estados se ocuparán de pagar la enseñanza a todos los niños y asegurar la asistencia. Las escuelas públicas seguirán siendo gratuitas, y las privadas tendrán que reservar el 25% de sus plazas para alumnos que no pueden pagar. El gobierno las resarcirá con una suma por alumno equivalente a lo que le cuesta un puesto escolar en una pública de la zona. Esto es mal negocio para los colegios caros, que han recurrido la medida ante el Tribunal Supremo.
Como la oferta de plazas no es sobrada, para evitar que las escuelas hagan criba de solicitudes, la ley les prohíbe recibir cualquier clase de cuota o donación de las familias, así como hacer entrevistas a los candidatos a alumnos o a los padres.
El gobierno tendría que ocuparse de que vayan a clase no solo los niños, sino primero los profesores. El absentismo laboral está muy extendido en los centros públicos de las zonas pobres. Este es uno de los principales motivos por el que han proliferado los colegios privados en esos lugares, que las familias pagan a costa de renuncias (cfr. Aceprensa, 3-07-2009). Algunos son informales y tendrán que cerrar, pues la nueva ley prohíbe los centros educativos sin reconocimiento oficial.
De las leyes a la aplicación hay un gran trecho. En 2001, el gobierno puso en marcha un plan de escolarización universal cuyo primer objetivo era que todos los niños completaran al menos cinco años de educación primaria. La meta, que debería haberse alcanzado en 2007, aún está pendiente.
Para que la flamante Ley del Derecho a la Educación tenga más éxito, los poderes públicos tendrán que ir con el dinero por delante. El costo oficialmente estimado es de 38.200 millones de dólares en los primeros cinco años, y se repartirá entre el gobierno central y los estados. Nueva Delhi pondrá el 65% en la mayoría de los casos, y el 90% en los estados más pobres.
Los fondos tendrán que sufragar no solo las nuevas matrículas en los centros públicos o privados, sino también las carencias de infraestructuras y de personal. La ONG Save the Children calcula que harán faltan 1,2 millones de nuevos profesores cualificados.