La libertad religiosa está expuesta a cada vez más peligros en el estado hindú de Madhya Pradesh. En estos días, escribió la agencia misionera AsiaNews, el gobierno de esa entidad estatal discutirá en el Parlamento una enmienda de la ley anti-conversión ya en vigor. Ley, hay que recordar, que expresa la influencia ejercida por un cierto “establishment “hindú.
La modificación legislativa impone a los sacerdotes ofrecer a las autoridades locales todos los datos sobre las personas que deciden cambiar de religión por lo menos 30 días antes de la ceremonia. Los que no siguen esta norma pueden exponerse a una multa de 1000 rupias (unos 13 euros) o incluso a 3 años de cárcel.
La enmienda, explica AsiaNews, afecta la quinta sección de la Madhya Pradesh Freedom of Religion Act de 1968 y fue introducida en 2006, pero nunca ha habido ningún tipo de legislación al respecto. Hay que recordar que en la versión original de la ley no se invocaba de ninguna manera a los sacerdotes. Se pedía, simplemente, que el futuro convertido informara a las autoridades del distrito su decisión.
Según los datos recopilados por el Global Council of Indian Christians (Gcic), solo en 2011 la minoría cristiana sufrió 170 ataques (más o menos graves) por parte de nacionalistas hindúes. Se trata principalmente de ataques de los grupos que pertenecen al movimiento nacionalista hindú de Sangh Parivar.
A propósito de las leyes anti-conversión, justamente Sajan George, presidente del Global Council of Indian Christians (Gcic), declaró: «Tienen el objetivo de demonizar a la minoría cristiana y son usadas como un instrumento de persecución». Tal y como en Madhya Pradesh, otros estados de la India han introducido medidas parecidas: Gujarat, Orissa, Chhattisgarh, Himanachal Pradesh, Arunachal Pradesh y Rajasthan. «Estas leyes –añadió Sajan George– son un desafío para las credenciales laicas de nuestra Constitución y de los derechos humanos fundamentales». En teoría, estas medidas deberían prohibir las conversiones forzadas. En realidad, como reconocen las asociaciones de derechos humanos, estas leyes facilitan la producción de falsas acusaciones sobre conversiones forzadas. Acusaciones que, inexorablemente, se abaten sobre las minorías.