Navarro-Valls: La medida contra el obispo castrense argentino viola la libertad religiosa
20 de marzo de 2005
En caso de que el gobierno quite unilateralmente el reconocimiento a monseñor Baseotto
CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 20 marzo 2005 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha notificado que, en caso de que el gobierno argentino deje de reconocer unilateralmente al obispo castrense del país por unas declaraciones críticas, este país violaría la libertad religiosa y sus acuerdos internacionales.
Este sábado, Joaquín Navarro-Valls, portavoz vaticano, publicó una declaración en la que explicaba que, ante las noticias de las agencias argentinas sobre medidas tomadas por el presidente de Argentina en relación con monseñor Antonio Juan Baseotto, «se sigue a la espera de una comunicación oficial por parte argentina al Sumo Pontífice, que le nombró ordinario militar».
«Obviamente si se impide ejercer el ministerio pastoral a un obispo nombrado legítimamente por la Santa Sede según las normas del derecho canónico y de los acuerdos vigentes, se trataría de una violación de la libertad religiosa, así como de los susodichos acuerdos», concluye el comunicado.
El viernes 18 de marzo, mediante un decreto, el Gobierno nacional retiró su aval, su sueldo y virtualmente su cargo al obispo castrense. La cancillería argentina informó que el lunes presentará en forma oficial ante el Vaticano la decisión de anular el acuerdo.
«El acuerdo se cayó», afirmó ese día el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para explicar la decisión gubernamental de derogar el decreto que reconocía a monseñor Baseotto como obispo castrense, decreto que había sido firmado en 2002 por el entonces presidente de la nación, Eduardo Duhalde.
Tras el comunicado vaticano, Fernández, negó este sábado que el gobierno «viole la libertad religiosa» al derogar el reconocimiento del obispo Baseotto. Aseguró que la decisión del presidente Néstor Kirchner hubiera sido la misma con cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo que hubiera efectuado manifestaciones de ese tipo.
La polémica surgió cuando el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se manifestó a favor de la despenalización del aborto (la Constitución argentina avala la defensa de la vida humana desde su concepción), el 14 de febrero, en una entrevista concedida al diario «Página 12».
Tres días después, monseñor Antonio Baseotto, escribió al ministro una carta advirtiéndole que podría incurrir en «apología del delito de homicidio» por propiciar esa práctica mediante la entrega de «fármacos conocidos como abortivos».
El prelado también le señaló en esa misiva que al verlo repartir públicamente preservativos entre los jóvenes le vino a la memoria la frase evangélica en la que «nuestro Señor afirma que "los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar"».
La cita evangélica tuvo un sinnúmero de interpretaciones periodísticas, algunas la vincularon con los llamados «vuelos de la muerte», la práctica de arrojar personas al mar que se le atribuye a la Armada argentina en los años setenta, según explica la agencia católica argentina AICA.
Desde China, el ministro reaccionó calificando a monseñor Baseotto de «un hombre mentiroso escudado en la Iglesia» y sugirió que tenía «bien aceitados sus vínculos con la última dictadura militar».
El ministro de Defensa, José Pampuro, llamó a monseñor Baseotto a una reunión urgente en su despacho para ratificar o rectificar sus dichos. Medios de comunicación argentinos refieren que en la conversación el obispo castrense amenazó con tirar al mar al ministro González García, constata AICA.
El 21 de febrero, monseñor Baseotto recibió desde la Santa Sede la solidaridad del presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, cardenal Renato Martino, quien destacó sus «valientes y contundentes» palabras para «defender la dignidad de la persona humana y sus derechos».
También recibió el martes 8 de marzo el apoyo del presidente del Consejo Pontificio para la Familia, cardenal Alfonso López Trujillo, quien le señaló que lo acompañaba «en esta hora de prueba, por dar testimonio de la verdad contra el aborto, la ejecución capital de un inocente en el seno de la madre y sobre el preservativo».
Dos días más tarde, la Conferencia Episcopal Argentina difundía un comunicado en el que el obispo castrense expresaba «su pesar por la confusión y malestar que produjo la inclusión de la cita evangélica», y aclaraba «que no quiso alentar un acto de violencia ni ofender la autoridad de un miembro del gobierno nacional».
En ese mismo día, el presidente Néstor C. Kirchner llamó al canciller Rafael Bielsa para pedirle que tramite ante la Santa Sede la renuncia de monseñor Baseotto.
Inmediatamente, y aun antes de que se informara al nuncio apostólico, la Oficina de Prensa de la Presidencia de la Nación hizo pública la determinación presidencial de quitar el reconocimiento a monseñor Baseotto.
Este sábado, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una declaración en la que «lamenta que este conflicto, librado a la competencia de los medios, no haya sido atendido con la prudencia que merecía».
El documento aboga por el diálogo «que produce armonía y casi siempre desemboca en compromisos fecundos, en lugar de alentar disputas estériles que algunas veces responden a intenciones encubiertas».
Tras deplorar que esta determinación «apresurada y unilateral» entorpezca en estos días de Semana Santa el ministerio del obispo castrense, desea que se encuentre una pronta solución al incidente.
