Esclavos modernos, a nuestro lado
12 de noviembre de 2013
Un centenar de expertos reunidos en la Santa Sede, por petición explícita del Papa Francisco, elaboran 49 propuestas concretas, que verán la luz en unos días, para combatir el tráfico de personas
Durante dos días, un centenar de expertos, trabajadores de asociaciones y embajadores de diversos países, se dieron cita, el pasado fin de semana, en la Casina Pío IV, sede de las Pontificias Academias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, para estudiar la situación de la esclavitud moderna y promover iniciativas concretas que ayuden a combatirla. «Los participantes en el Congreso hemos propuesto 49 medidas concretas para luchar contra el tráfico humano. Durante esta semana, se traducirán y redactarán, para publicarse lo antes posible, junto con una declaración final, con el fin de pasar a una fase de intervención», explicó a este semanario uno de los participantes, el español don José María Simón Castellví, Presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas.
Otra de las grandes expectativas del encuentro es que «el Papa hablará pronto, e intervendrá, personalmente, en la cuestión, ya que este problema lo vive con un sentimiento especial». Así lo ha adelantado monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y las Ciencias Sociales, a quien escribió personalmente el Pontífice, en el mes de agosto, para pedirle que el tráfico de seres humanos ocupase un lugar predominante en la agenda. Y es que, ya en su época de arzobispo de Buenos Aires, cada año, desde 2009, celebraba la Eucaristía en una plaza pública para denunciar el tráfico de personas y la explotación sexual. Fue también el tiempo de impulsar la Fundación La Alameda, cuyo Presidente, don Gustavo Vera, ha participado en el Congreso. Su labor en Argentina le ha valido la enemistad de muchos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la denuncia a los más de 600 prostíbulos que hay en Buenos Aires.
30 millones de víctimas
Los niños, las mujeres engañadas que terminan
sus días en las calles pagando su deuda,
y los inmigrantes que sufren vejaciones en el campo
por parte de patrones, son diversas formas
de esclavitud moderna
Según el informe UNODC 2012 Report on Trafficking, desde 2002, la Organización Internacional del Trabajo estima que 20,9 millones de personas fueron víctimas de trabajo forzado -hace una semana, la fundación australiana Walk Free daba la cifra de 29,8 millones-. De ellas, dos millones al año son víctimas de explotación sexual -un 60% son niñas-. Por eso, una de las conclusiones más claras del Congreso es «la unanimidad en castigar la prostitución, no tanto a la víctima, sino al cliente y al traficante. La prostitución siempre conduce a una sexualidad problemática, que a su vez está ligada a las drogas y a la violencia. Estas realidades son terribles para la persona, para la familia y para la sociedad. Por eso, la tolerancia debe ser cero». En torno a esta idea, algunos participantes consideraron instar a los Gobiernos «a prohibir la prostitución, o a tomar medidas como incautar los bienes de los proxenetas o traficantes, y utilizarlos para ayudar a las víctimas», explicó.
En España, según casos que han llegado hasta el Defensor del Pueblo, es en la prostitución donde se encuentran más víctimas de la explotación. Un informe, de 2012, recoge testimonios como el de Marie, una joven camerunesa que llegó a nuestro país en 2011: «Me encerraron en una casa desde donde, para que devolviéramos la deuda, nos mandaban a la calle a conseguir clientes. Y nos violaban». Según Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza -puesto en marcha por las religiosas Adoratrices para ayudar a las mujeres explotadas sexualmente en España-, «la realidad de la trata en este país está más presente de lo que queremos reconocer».
Casos también se producen en la construcción, el campo o el trabajo doméstico. Hace unos meses, se dio a conocer el caso de una familia alicantina que obligaba a cuatro inmigrantes africanos a trabajar en la finca sin contrato, durante jornadas maratonianas, vejados y humillados. A esto se suma «la negación de la atención sanitaria a las personas sin papeles, algo que va contra los derechos humanos y contra el más mínimo sentido de humanidad», señaló el doctor Simón Castellví. De hecho, según recoge Der Spiegel, un informe del Parlamento europeo señala que novecientos mil trabajadores inmigrantes viven sin derechos básicos en el continente.
Fuera de las fronteras europeas, encontramos casos como el de Qatar, donde el 90% de la mano de obra es extranjera. Según una investigación llevada de The Guardian, los inmigrantes -procedentes, en su mayoría, de Nepal, Bangladesh y Sri Lanka- que trabajan en el proceso de construcción de las infraestructuras para el Mundial de Fútbol de 2022, sufren situaciones límite, como la retirada del pasaporte para que no puedan huir, la privación de comida y bebida... Sólo en un mes, la embajada de Nepal en Doha certificaba la muerte de 44 de sus ciudadanos por explotación laboral.
