«En el país de las matanzas»

La justicia mexicana finalmente ha decidido escuchar el testimonio del padre Alejandro Solalinde, paladín de los derechos humanos y director de la “Casa del Migrante”, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace un mes en Ayotzinapa, México. El sacerdote –que ya se había presentado en la Procuraduría de la República para denunciar lo que sabía, y no fue recibido- en los últimos días había dejado poco espacio para la esperanza: ”Están todos muertos”, dijo, citando testigos oculares y dando también detalles sobre la modalidad de los hechos (quemados, algunos todavía estaban vivos). El padre Solalinde, acompañado por la escritora Elena Poniatovska, entregó ayer al Procurador la información que estaba en su poder –en base a cinco testimonios de gente del lugar- explicando después que coincide en gran medida (“un 80 por ciento”) con la que manejan los investigadores.

Casi contemporáneamente se anunciaba el descubrimiento de nuevas fosas –ya se encontraron 26, con 28 cuerpos no identificados- que contienen restos humanos, mochilas, zapatos y lapiceras y podrían confirmar definitivamente el destino de los jóvenes.

Dos semanas antes de las declaraciones del padre Solalinde, la Iglesia mexicana había hecho pública su posición a través del obispo de Acapulco, Mons. Carlos Garfias Merlos, quien en una carta expresaba todo “el dolor de la Iglesia Católica” y auspiciaba una ley que previera la indemnización de las familias de las víctimas. “Los miles de crímenes que se han acumulado en los últimos años necesitan ser aclarados y se requiere la reparación del daño para sus familias”, afirmaba.

Por otra parte la misma Iglesia mexicana se ha visto gravemente afectada por la desaparición y el asesinato de sacerdotes. Ya en junio de 2013 los obispos de la Provincia de Acapulco denunciaron numerosas violencias e intimidaciones. En este sentido sacerdotes y estudiantes viven una situación muy similar: en ambos casos las organizaciones criminales los consideran un contrapoder que amenaza su hegemonía y por tanto deben ser eliminados, tal como explica la periodista Lucia Capuzzi del diario italiano Avvenire en una entrevista concedida a Radio Vaticana.

La situación es tan grave que el mismo semanario de la Arquidiócesis de México, Desde la fe, el 12 de octubre pasado publicó un editorial cuyo título no dejaba margen a malentendidos: “En el país de las matanzas”. En este editorial los obispos señalaban la incompetencia del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre (que acaba de renunciar a su cargo), destacando que en México “nadie puede decirse a salvo”, a tal punto que “hace que se empiece a considerar este sexenio (del gobierno de Enrique Peña Nieto n.d.r.) como uno de los más riesgosos para ejercer el ministerio sacerdotal”.

Otro prelado, el obispo de Saltillo, mons. Raúl Vera López, puso en cambio de relieve la colusión entre las autoridades y el crimen organizado. “Da la impresión de que México es una especie de olla hirviendo, donde la constante es el desprecio por las personas y el abandono en el que se encuentra la ciudadanía”, declaró.

El editorial concluye diciendo: “La impunidad es la madre de toda violencia e injusticia, no habrá paz y concordia en México si no se empieza por hacer que los culpables de todos estos horrores paguen por sus crímenes. No es búsqueda de venganza, sino de sed de justicia”.

por Andrés Bonzo

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