Análisis Digital, 10 /02/06 (Redacción ) El vicepresidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, se unió ayer a la preocupación que manifestó la Conferencia Episcopal Española sobre la denominada Ley de Técnicas de Reproducción Humana, cuyo título extra largo y pomposo puede resumirse en una sencilla frase: licencia para clonar seres humanos.
Blanco explicó que la Ley "instrumentaliza absolutamente la producción y fabricación de seres humanos con finalidades puramente experimentales y al servicio de la tecnología biomédica". Si bien es cierto que el texto legislativo no permite la clonación con fines reproductivo, sí respalda en cambio clonar humanos para contribuir al avance de la investigación y la ciencia. De todos modos, para uno y otro casos esta práctica es radicalmente contraria a los derechos de la persona humana. Como en tantos otros ámbitos de al vida, el fin no justifica los medios. Y, en el caso de la clonación humana, es evidente que ninguna persona puede convertirse en un medicamento o una terapia en beneficio de un tercero, si esto atenta contra su propia condición.
"Nos parece completamente rechazable que se utilicen embriones humanos como si fuesen material sin valor que se puede producir y destruir al servicio puramente del desarrollo científico y tecnológico. Para las familias la protección de la vida es una finalidad irrenunciable", aseguró el presidente del Foro.
Blanco acogió con asombro que "se desvincule en el proyecto de ley las técnicas de reproducción asistida de la lucha contra la infertilidad y ya se considere como una finalidad de las mismas la experimentación científica con embriones". En este sentido, lamentó que se haya perdido "la calidad ética mínima para entender al dignidad de la persona como fin último de toda organización social".
Por último, Blanco criticó al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y sostuvo que la legalización de prácticas aberrantes con embriones para conseguir, por ejemplo, bebés medicamento demuestran que se "ha subordinado el compromiso público con la vida a intereses puramente mercantiles de los investigadores y las empresas que se dedican a este tipo de actividades".