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En abril de 2005 Inglaterra reconoció a los nacidos de fecundación artificial el derecho a saber...
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Santiago Mata
Madrid. Este año, si nadie lo remedia, se cumplirán 20 años de incumplimiento de la disposición final primera de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, que establecía que el gobierno regulara mediante Real Decreto los protocolos de estudio de los donantes y usuarios de estas técnicas. Por lo que hace a los primeros, el Real Decreto 412/1996, del 1 de marzo, estableció la creación de un Registro Nacional de Donantes y embriones... hasta hoy inexistente.
En el Reino Unido, desde abril de 2005, los hijos procedentes de donaciones en procesos de procreación artificial, tienen derecho, al cumplir los 18 años, a saber quiénes son sus padres biológicos. En España el Registro se establecía sólo por fines eugenésicos: garantizar que los donantes están sanos y si es caso evitar que terminaran casándose hermanos u otras personas que desconocieran su parentesco biológico.
Se trataba de descartar “la aparición de malformaciones y enfermedades congénitas de carácter hereditario de la descendencia”, pero garantizando “la confidencialidad de la información obtenida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.5 de la Ley 35/1988”, a saber: “La donación será anónima. Los hijos nacidos tienen derecho a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad”. Las clínicas de fecundación artificial argumentan que las relaciones entre parientes derivadas de la donación anónima de gametos no son relevantes respecto a las que ya se producen por el hecho de que la gente no suela comprobar quiénes son sus padres biológicos. Pero una cosa es que no se suela y otra que no se pueda.
El hijo en España no podrá saber quiénes son sus padres biológicos, pero las clínicas se preocupan de la selección. Según un artículo publicado en Diario de León el 19 de mayo de 2006, España es el “país favorito de los británicos que buscan donantes de óvulos”, motivo por el que el doctor Raúl Olivares, del Instituto Marquès de Barcelona, resaltaba la importancia de “aumentar el número de donantes con rasgos caucásicos”.
En Estados Unidos, el drama de los nacidos artificialmente de donantes aparece en My Daddy’s Name Is Donor (Mi papá se mama Donante), un libro que próximamente publicará Elizabeth Marquardt, vicepresidenta del Institute for American Values, con testimonios de 900 de estas personas. Marquardt ha escrito varios libros sobre las consecuencias del divorcio en los hijos.
En un artículo publicado anteayer en el Washington Post y reproducido en internet (blog: familyscholars.org), recordaba que es hija de padres divorciados, y que su padre adoptivo (que lo había sido entre sus 3 y 9 años) murió cuando ella tenía 13 años. Pocos comprendieron que hubiera perdido a alguien que le importara: “la sociedad no tiene previsto cómo afrontar las expectativas de los hijos adoptivos”. En España, biológicamente son huérfanos que no pueden saber el nombre de sus padres.
Ocho veces más barato que en EEUU
En Estados Unidos un tratamiento de fertilidad que incluya donación de gametos puede costar 48.000 euros, mientras que en España cuesta 6.000. Y eso contando que en España se pagan en torno a mil euros a las mujeres donantes de óvulos. La ley prohíbe pagar porque los trasplantes en España son gratuitos y no se pueden comprar partes del cuerpo. Pero se permite una “compensación” por las molestias del tratamiento. Aquélla es de 50 euros para el varón que dona esperma, pero para la mujer llega a 1.200, por ejemplo en la Clínica Quirón de Bilbao, según el testimonio publicado por una donante en la web.
Hasta 1998, en Cataluña sólo tres clínicas reconocían abiertamente que recurrían a la donación de óvulos. A partir del 2000 se sumaron muchas más y hoy en cualquier universidad y hasta en los túneles del metro pueden verse anuncios animando a las mujeres a lo que esta propaganda considera un acto generoso, casi un hoy por ti, mañana por mí. La mayor parte de las donantes son estudiantes, ya que propiamente no es una actividad de la que se pueda vivir: sólo puede donarse tres veces al año, y además teóricamente la ley prohíbe que de un mismo donante (sea de esperma o de óvulos) puedan nacer más de seis hijos.
La posibilidad de congelar los óvulos, permitida por la ley de 2006, permite desde luego rentabilizar los óvulos obtenidos mediante un proceso de estimulación hormonal (superovulación) no carente de riesgos. De hecho, las molestias del proceso son tantas que las clínicas afirman que las mujeres que se someten a este tratamiento no suelen repetir. Un ejemplo es María que contaba el pasado día 21 en internet su experiencia, dos años después de la donación: “Me dijeron que después de la extracción y hasta mi siguiente regla lo normal es que sintiera molestias. Empecé a tener náuseas y vómitos a diario.
Me tuvieron que hospitalizar varias veces. La verdad es que me arrepiento mucho de lo que hice porque lo que me pagaron no compensaba ni de lejos lo que yo sufrí. Soy estudiante y creía que era una forma de ganar un dinero fácil para pagarme un curso. Aún hoy siento algunas molestias cuando ovulo”.
Si se reconociera al hijo un futuro derecho a saber quiénes son sus padres, seguramente sería una complicación añadida a este proceso.