Pocas leyes de nuestro ordenamiento jurídico han suscitado tanta convulsión en la sociedad española como en su momento se vivió la despenalización del aborto. Más allá de los apasionados debates que se desarrollaron en las salas y pasillos del Congreso de los Diputados y del Senado, la polémica caldeó la calle durante meses con multitudinarias manifestaciones de quienes se decantaban tanto a favor como en contra de la reforma.

Un día como ayer, el miércoles 2 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros aprobó por primera vez en España una iniciativa legislativa inédita para una joven democracia que ya había vivido meses atrás un gran giro político cuando el PSOE consiguió la mayoría absoluta. Aquel día, la despenalización del aborto se puso en marcha.

Constitución de la Ponencia

El PSOE propuso la despenalización del aborto en su programa electoral. Un mandato que «impulsó Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia», como recuerda Carlos López Riaño, uno de los diputados socialistas que vivió en primera persona el trámite parlamentario de la reforma.

Él junto a sus compañeros de partido María Dolores Pelayo y Vicente Antonio Sotillo formaron parte de la Ponencia, que se constituyó dentro de la Comisión de Justicia del Congreso y que redactó el informe sobre la despenalización del aborto, que después se votaría en las Cámaras.

Junto a ellos -además de representantes de Iniciativa Catalana, PNV e CiU- se encontraban dos oponentes de excepción: José María Ruiz-Gallardón -padre del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón- y Antonio Pillado Montero, que enarbolaban la bandera del Grupo Parlamentario Popular, por entonces una coalición de la que formaba parte la antigua Alianza Popular y que había obtenido 107 representantes en los comicios.

Se trataba de reformar el artículo 417 (bis) del antiguo Código Penal regulando tres supuestos en los que el aborto no se consideraría delito: cuando sea «necesario para evitar un grave peligro para la vida de la embarazada», cuando sea consecuencia de una violación (hasta las 12 semanas) o cuando sea «probable» que el feto nazca «con graves taras físicas o psíquicas» (hasta las 22 semanas). Faltaba por concretar los informes médicos y psicológicos necesarios, que hoy se precisan para practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

Grandes manifestaciones

Pero antes de que comenzara el trámite parlamentario, el debate ya estaba en la calle. «Existía una gran inquietud social por ver cómo se decidía este asunto -explica López Riaño-. La mayoría de la sociedad no era propicia a la despenalización». Como prueba de aquella preocupación la Comisión Nacional de Defensa de la Vida congregó en Madrid, en marzo de aquel año, a cerca de un millón de personas contra del aborto. En octubre, volvió a repetirse, como idéntico éxito de asistencia, la marcha.

Mientras, en la Comisión de Justicia y por la vía de urgencia, los diputados defendían sus posturas en «apasionados y duros debates desde el punto de vista jurídico y moral», recuerda el ex diputado popular Antonio Pillado. Su partido se mostró en contra de la despenalización desde el primer momento. De hecho, interpuso una enmienda a la totalidad que fue rechazada y, después, una serie de enmiendas al articulado que no prosperaron.

Y es que la mayoría absoluta de los socialistas hacía inviable otro resultado que la aprobación del proyecto salido de la mesa del Consejo de Ministros presidido por Felipe González. Las decisiones estaban ya tomadas. Aún así, Riaño no olvida «las duras negociaciones. Ruiz-Gallardón era un parlamentario excepcional». Como tampoco lo hace María Dolores Pelayo, su compañera: «Se discutían ideas con muchísimo respeto y siempre en un tono intelectual de altura».

En el pleno, el «enganchón» fue con Santiago Carrillo, del PCE. «Defendía el cuarto supuesto económico, porque lo consideró un derecho de las trabajadoras con menos recursos. Sin embargo, no era el momento histórico -explica Riaño-. Había circunstancias en el Estado español que no permitían ir más lejos».

El Gobierno socialista consiguió su objetivo y la despenalización del aborto salió de las Cámaras tal cual había sido la propuesta inicial. En el último pleno hubo algún que otro desmarque. «Algunos diputados del Grupo Socialista votaron en conciencia. Hubo compañeros que no asistieron a la votación -recuerda López Riaño-. En cierto modo, los partidos dieron libertad». CiU también se sumó.

Pero sólo dos días después de que el Senado aprobase definitivamente la reforma (30 de noviembre), Ruiz-Gallardón, junto a 54 diputados, interpuso un recurso de inconstitucionalidad. La despenalización del aborto se paralizó en espera de una respuesta del Tribunal Constitucional (TC), que tardó dos años en pronunciarse.

En su famosa sentencia de abril de 1985 el TC declaró «disconforme con la Constitución» la reforma que se había emprendido. Con el fallo en mano, el Gobierno reformuló el proyecto que entró en vigor en julio de aquel mismo año como lo conocemos hoy día.